Por Stakeholders
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El mecanismo de Obras por Impuestos en Perú entra en una nueva etapa tras la publicación de su reglamento actualizado en el diario oficial El Peruano. La norma amplía el alcance del sistema, introduce incentivos tributarios y redefine el rol de ProInversión para fortalecer la participación del sector privado.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de los servicios como nueva categoría de intervención, lo que permite ejecutar iniciativas más allá de la infraestructura tradicional.
Un mecanismo que amplía su alcance
Según explicó Guillermo Torrejón, asociado senior y jefe del área de Derecho Administrativo y Regulatorio de Benites, Vargas & Ugaz, el reglamento marca una expansión significativa del modelo.
“El principal cambio es que el mecanismo deja de estar limitado a obras de infraestructura y operación y mantenimiento, para incorporar servicios y la construcción de viviendas rurales como nuevas categorías de intervención”, señaló.
El especialista también destacó ajustes institucionales y financieros. “Uno de los aspectos más transformadores es la redefinición del rol de ProInversión como acompañante integral del proceso, junto con la elevación del límite de uso de los certificados CIPRL y CIPGN al 80%”, indicó.
Estos certificados permiten a las empresas que financian proyectos bajo este esquema cancelar parte de sus obligaciones tributarias.
La inclusión de servicios abre la posibilidad de ejecutar intervenciones en sectores clave como salud, educación y saneamiento. A diferencia de las obras de infraestructura, este tipo de iniciativas tiene ciclos de implementación más cortos y no requiere procesos complejos como expedientes técnicos o liberación de terrenos.
Entre las acciones que podrían financiarse se encuentran campañas médicas en zonas rurales, brigadas de salud móviles, servicios de diagnóstico y programas de reforzamiento educativo.
“Los servicios tienen ciclos de implementación más cortos y no requieren expedientes técnicos complejos ni la entrega de terrenos”, sostuvo Torrejón, al destacar el potencial de esta modalidad para llegar con mayor rapidez a poblaciones vulnerables.
Incentivos tributarios y mayor participación privada
El reglamento también introduce mejoras en los incentivos para las empresas. Entre los principales cambios figura la ampliación de los tributos contra los que pueden aplicarse los certificados y el incremento del límite de uso hasta el 80% de la deuda tributaria.
Para el especialista, este ajuste reduce la carga fiscal que las empresas deben pagar en efectivo, mejora su flujo de caja y refuerza la utilidad del mecanismo como herramienta de inversión.
“La combinación de mayor alcance del mecanismo, nuevos incentivos tributarios y un rol más activo de ProInversión podría impulsar una mayor participación del sector privado y ampliar el impacto del mecanismo de Obras por Impuestos en distintas regiones del país”, subrayó.
Con estas modificaciones, el Gobierno busca dinamizar la ejecución de proyectos y acelerar intervenciones en sectores prioritarios, en un contexto donde la articulación entre el Estado y el sector privado resulta clave para cerrar brechas en infraestructura y servicios básicos.
