Por Stakeholders
Lectura de:
MARCO MINAYA
mminaya@stakeholders.com.pe
GEA Gestión para la Sostenibilidad es una empresa peruana compuesta por un equipo multidisciplinario de alta calidad, un equipo conformado por especialistas en gestión social, ambiental y comunicación para el desarrollo comprometidos con maximizar los impactos positivos de los emprendimientos. Stakeholders conversó con el equipo detrás de esta organización, quienes desarrollan el enfoque de sus servicios desde la perspectiva legal y social, haciendo que de esta mirada sean su valor diferencial dentro del mercado.
¿Cómo nació GEA Gestión para la Sostenibilidad?
GEA nace a partir de una experiencia exitosa en gestión social, en la cual la combinación de especialistas legales y sociales dio muy buenos resultados. Ahí entendimos el valor de esa complementariedad y decidimos, junto a Miranda y Amado Abogados, ofrecer servicios integrales que combinen el análisis desde la perspectiva legal y social como herramienta que permita la mejora del proceso de toma de decisiones de nuestros clientes.
Resulta interesante abordar una perspectiva legal y social que sirva de insumo para una mejor toma de decisiones por parte de sus clientes. ¿Podrían explicar con mayor detalle este enfoque de trabajo?
Este enfoque busca no solo estar en línea y cumplir con los requerimientos legales, busca además que estos permisos, licencias y procedimientos cumplidos de acuerdo a ley sean considerados legítimos por parte de sus grupos de interés y que las actividades de nuestros clientes sean sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, para obtener derechos de uso de tierras es necesario identificar la situación legal de tenencia de esas tierras de sus ocupantes y/o propietarios, lo cual se logra a través de un acercamiento con comunidades y autoridades locales, de modo que los acuerdos sean también legítimos y no generan pasivos que posteriormente desencadenen en tensiones sociales.
Nuestra propuesta brinda soluciones integrales de esta naturaleza, lo cual, en términos de costos, es bastante conveniente para el cliente. Con ello no solo evita contratar a dos equipos separados (consultores sociales y legales), sino que evita considerables horas/hombre de las empresas en integrar los aspectos sociales y legales de sus proyectos y que su estrategia respecto de ambos temas sea coherente.
¿De qué forma es posible asegurar la sostenibilidad de la inversión y generar desarrollo en el país?
Es difícil encontrar proyectos en el Perú —ya sea de infraestructura, minería, energía, etcétera— que no tengan relación con las localidades de su entorno o, mejor dicho, que no necesiten de una licencia social para operar. Cabe precisar que esa licencia social no es —como muchas veces se mal entiende— un papel firmado o un requisito legal. La licencia social es un estado constante de buen relacionamiento y genuino entendimiento entre el Estado, la empresa y la comunidad para que sus inversiones sean y se perciban como un buen negocio para todos. Por eso, la construcción de la legitimidad empieza con la decisión estratégica de invertir recursos en la gestión social de un proyecto y de hacer participar a la comunidad en el proceso. Para que las inversiones avancen y generen desarrollo en el país se necesita tanto legitimidad como el cumplimiento de todos los requerimientos legales (legalidad), y ahí es donde se centra nuestra propuesta socio-legal.
Aunque el tema sea hablado y discutido en todos lados, ¿por qué resulta tan complicado desarrollar una gestión social, ambiental y de comunicación?
Porque la gestión social —que incluye la comunicación— y ambiental no siempre son vistas como inversiones estratégicas para el desarrollo de un proyecto. Muchas veces son postergadas o no son valoradas al mismo nivel que otros componentes técnicos.
Si se invierte estratégicamente en gestión social y ambiental, podrían evitarse paralizaciones y conflictos que pueden resultar en un gasto significativo para el proyecto. Hoy existen 140 conflictos sociales activos en el país, de acuerdo a reportes de la Defensoría del Pueblo, generando inmensas pérdidas para empresas privadas y para el país. Muchos de ellos se habrían podido evitar con una adecuada inversión en gestión social y ambiental que sean y se perciban como responsables con el ambiente físico y social en donde se desarrollan los proyectos. Dicha inversión en gestión social únicamente será percibida como positiva si viene complementada con un plan adecuado de inversión en comunicaciones.
Vale destacar que los conflictos, al ser sociales —y, por lo tanto, humanos— resultan de alta complejidad, cuya solución es específica para cada caso. Por eso resulta desafiante la labor que emprendemos.
¿Cómo es que ustedes abordan el tema del diálogo y una comunicación basada en la sostenibilidad?
Nuestro objetivo es conseguir un genuino entendimiento entre el Estado, la empresa y la comunidad. Sin embargo, al ser un proceso social y cultural heterogéneo —con protagonistas, intenciones y percepciones tan diversas— propiciar espacios constructivos de diálogo resulta ser una tarea bastante compleja. La comunicación debe ser transparente, coherente y consecuente, para lo cual el diálogo debe promover la participación de la mayor cantidad de stakeholders, incluyendo a instituciones de base y organizaciones de la sociedad civil. Estos espacios de diálogo no deben ser solamente plataformas para mantener a los actores informados, sino lugares comunes donde se sientan genuinamente representados y participen del proceso de diálogo y del resultado final.
Nuestro encargo radica en promover las condiciones para que este diálogo y los acuerdos que de él se generen, sean percibidos por todos los actores como justos y beneficiosos. Será difícil e incluso riesgoso, pero difícilmente habrá legitimidad sin participación y, sin legitimidad, difícilmente habrá proyectos sostenibles. Para ello, nuestra alianza cuenta con un equipo que integra el conocimiento y experiencia de diferentes disciplinas: abogados, comunicadores, antropólogos, educadores, sociólogos e ingenieros ambientales. Cada reunión, cada acuerdo y cada compromiso deben ser abordados considerando consecuencias legales, sociales, culturales y ambientales, y, para ello, ofrecemos un equipo experimentado y multidisciplinario.
¿Deseas agregar algo más?
Creemos que los proyectos de inversión —de los cuales hay muchos paralizados— representan una oportunidad para generar desarrollo, atrayendo también al Estado a lugares en los que no podría hacerlo con facilidad. Con una buena gestión que combine legalidad con legitimidad, los afectados pueden convertirse en beneficiados, lo cual puede ser clave para reducir la desigualdad y la marginación de algunas minorías en nuestro país.
