Por Stakeholders
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El Congreso de la República promulgó la Ley N.º 32262, una norma que refuerza los derechos de los usuarios del servicio de agua potable al establecer mecanismos de protección ante cobros excesivos derivados de lecturas atípicas. Con esta medida, quienes se vean afectados por facturaciones inusuales y sin evidencia de fugas podrán solicitar la emisión de un nuevo recibo basado en su consumo histórico promedio, sin restricciones en la cantidad de veces que puedan ejercer este derecho en un período de doce meses.
La norma fue publicada este jueves en el diario oficial El Peruano y otorga a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) un plazo de 60 días calendario para adecuar el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento a las nuevas disposiciones.
Un avance en la defensa del consumidor
La autógrafa de esta ley había sido observada por el Poder Ejecutivo, pero el Congreso la ratificó por insistencia el pasado 13 de marzo con 83 votos a favor. Durante el debate parlamentario, el congresista Segundo Quiroz (BMCN) destacó que la norma busca evitar que los consumidores sean obligados a pagar montos elevados antes de poder presentar un reclamo. “No podemos permitir el abuso de que primero se pague y luego reclamar”, enfatizó.
El texto legal lleva las firmas del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y la primera vicepresidenta, Patricia Juárez, y responde a una problemática recurrente en diversas regiones del país, donde usuarios han denunciado cobros excesivos por consumos que no reflejan su uso real del servicio de agua potable.
Sunass deberá garantizar el cumplimiento de la ley
Con la entrada en vigencia de la norma, Sunass deberá modificar su reglamento para establecer los procedimientos que permitan la aplicación efectiva de esta protección al consumidor. Actualmente, los usuarios que reciben una facturación anómala deben pagar primero el monto indicado antes de presentar su reclamo, lo que ha generado dificultades económicas y procesos administrativos prolongados.
La adecuación del reglamento en los próximos dos meses será clave para determinar cómo las empresas prestadoras de servicios de saneamiento aplicarán la nueva ley y garantizarán que los usuarios no sean afectados por cobros injustificados. La implementación de estos cambios marcará un avance en la defensa del consumidor y contribuirá a una relación más equitativa entre las empresas de agua potable y sus clientes.
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