Por Stakeholders
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Más de un millón y medio de mujeres tiene una o más discapacidades y el Estado no implementa medidas de apoyo para ellas.
Luz María Vílchez trabajaba como artesana en ferias itinerantes vendiendo los productos que elaboraba junto a otras personas con discapacidad física. Desde la emergencia no pudo continuar con esta actividad y peor aún, invirtió sus ahorros en cinco ferias en las que iba a participar con la Municipalidad de Lima.
Según el INEI, en el Perú más de un millón y medio de personas son mujeres con discapacidad y la mayoría de ellas trabaja como independiente ante la falta de empleo y acceso a la educación.
La cuarentena no solo ha dejado sin trabajo a miles de personas con discapacidad sino que corren el riesgo de ser contagiadas por el COVID-19 por su misma situación. Este es el caso de María Inés Aspilcueta, quien se desempeñaba como fisioterapeuta en un local que alquilaba junto a otras personas con discapacidad visual pero que tuvo que dejar ante la falta de ingresos. A pesar de que ha intentado atender a sus clientes en sus casas, esto resulta un grave riesgo para ella ya que si antes era complicado desplazarse en el transporte público de Lima, en esta situación es aún peor.
GRAVE IMPACTO
Luzmila Muro, presidenta de la Comisión de Damas Invidentes del Perú (CODIP) señaló que las necesidades de las personas con discapacidad no han sido atendidas por muchos gobiernos lo que ha provocado el grave impacto de la pandemia de COVID-19 en el derecho al empleo de las mujeres con discapacidad.
“Muchas mujeres con discapacidad se dedican al comercio ambulatorio, trabajan como fisioterapeutas y en otros trabajos como independientes y ahora no lo pueden hacer ya que si antes era complicado el desplazarse en una ciudad inaccesible ahora con el virus es peor”.
Las integrantes del proyecto “Impulsando el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de violencia y discriminación en Perú” demandaron se cumpla con la cuota laboral del 5% por ciento para el sector público y el 3 % para el sector privado y tampoco se atienden los ajustes razonables a fin de que los empleadores faciliten el teletrabajo para los trabajadores con discapacidad.
