Más de 3 millones de peruanos no cuentan con acceso al servicio de agua que proviene de la red pública, abasteciéndose por otros medios como pozo, camión-cisterna, ríos, acequias, entre otros, por la falta de alianzas público-privadas gestionadas con eficiencia y honestidad, sostuvo Nicanor Gonzáles, decano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Privada del Norte (UPN).
Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) arrojan que el 95,0% de la población del área urbana accede al servicio de agua para consumo humano proveniente de la red pública, sin embargo, en el área rural sólo lo hace el 73,4%. Además, sólo en 14 departamentos del Perú, más del 90% de la población cuenta con este servicio.
“El agua es un recurso fundamental para la seguridad humana que requiere de manera urgente una mejora sustancial en su gestión integral. El uso de los recursos hídricos está íntimamente ligado a la salud pública y la seguridad humana, por ello las universidades como UPN tenemos la responsabilidad de brindar buenos programas de ciencias de la salud que enfaticen en las buenas prácticas de salud preventiva”, explicó Gonzáles.
Entre los departamentos con menor acceso de agua por red pública, es decir como parte de sus servicios básicos brindados por el Estado, están: Huánuco (75,6%), Ucayali (72,8%), Puno (66,9%) y Loreto (55,2%).
Para el especialista, el cierre de la brecha de infraestructura y servicios de agua y saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos rural y urbano, debe constituir un objetivo de gobierno que convoque no solamente a las entidades públicas, sino también a la inversión privada, como ya ha sucedido en países miembros de la Alianza del Pacífico, como Chile y Colombia.
“Necesitamos una activa participación ciudadana por el uso sostenible de los recursos hídricos, tomando conciencia que no es posible seguir acumulando más pasivos ambientales como la contaminación de ríos, lagos y lagunas. Debe ser el punto de partida de una cruzada nacional por la sostenibilidad y la seguridad hídrica cuyo financiamiento podría ser de recursos del Fondo de Estabilización Fiscal y fondos privados orientados a proyectos sostenibles de agua y saneamiento”, finalizó.