Por Stakeholders
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La COP30, realizada en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre, dejó un mensaje importante para los líderes mundiales: el cambio climático está acelerando más de lo previsto. Según expertos ambientalistas, el nivel del mar está creciendo a 4,5 mm por año, más del doble que el promedio del siglo XX; mientras que la temperatura global aumenta a 0,27 °C por década.
El presidente brasileño, Lula Da Silva, durante el cierre de la cumbre, señaló que la lucha contra la emergencia climática requiere el compromiso de toda la sociedad. “La lucha contra el cambio climático requiere la movilización y la contribución de toda la sociedad, no solo de los gobiernos”.
Estos fenómenos no son ajenos al Perú, un país con inmensos recursos naturales que experimentará las consecuencias del cambio climático. En ese sentido, nuestro país fue partícipe de la conferencia desarrollada por el mandatario brasileño, donde los representantes peruanos presentaron la posición del Estado para implementar los impactos de dicho fenómeno global.
¿Cuáles son los retos que enfrenta Perú tras el fin de la COP30?
De acuerdo con Albina Ruiz, exministra del Ambiente del Perú, señaló a Stakeholders que uno de los principales logros para Perú fue la aprobación del denominado Belém Package, un paquete de 29 decisiones orientadas a acelerar la implementación del Acuerdo de París.
“Se hizo un llamado explícito a triplicar la financiación para adaptación respecto a los niveles de 2025 y acelerar su despliegue hacia 2030”, anotó.
Dicho nuevo marco, añadió, establece un objetivo agregado de movilizar hasta 1.3 billones de dólares anuales para países en desarrollo hacia 2035, con al menos 300 mil millones de dólares al año en recursos públicos como meta intermedia.
Para el Perú, estos compromisos implican una mayor disponibilidad potencial de fondos para proyectos de adaptación, como infraestructura natural, gestión de cuencas y sistemas hídricos en áreas de conservación. Sin embargo, Ruiz advierte que el acceso a estos recursos no será automático. “Habrá más recursos, pero también mayor competencia y mayores requisitos. El país debe estar preparado con expedientes técnicos sólidos, equipos especializados y alianzas con el sector privado y la sociedad civil”, afirmó.
Por su parte, Ronald Rodríguez, director de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma del Perú, coincide en que el acceso a estos recursos puede ser decisivo, pero advierte que el país enfrenta retos ecosistémicos profundos.
“La deforestación impulsada por la tala ilegal, la minería y la expansión agrícola sigue siendo uno de los principales obstáculos, junto con la contaminación de los recursos hídricos y los impactos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua y la biodiversidad”, acotó.
Según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ilegal y la tala ilegal ya se encuentran operando en áreas naturales protegidas y zonas arqueológicas, siendo un total aproximado de 3,700 personas. Asimismo, dichas actividades movilizaron US$ 12 mil millones, en territorios donde el Estado peruano pierde presencia.
Albina Ruiz subrayó que la COP30 también dio un giro relevante al poner en marcha el Fondo para Pérdidas y Daños, un mecanismo dirigido a países en desarrollo. “Este fondo permitirá que comunidades afectadas por inundaciones, deslizamientos o pérdida de biodiversidad, especialmente en la Amazonía, accedan a recursos específicos para reparación y resiliencia, siempre que el país tenga propuestas técnicas claras y mecanismos administrativos sólidos”, afirma.
En ese sentido, recuerda que ya no basta con identificar los impactos, sino que es necesario cuantificarlos y traducirlos en expedientes financieramente viables.
Rodríguez complementa esa visión señalando que la COP30 incorpora innovaciones concretas que el Perú deberá implementar con rapidez. “Se refuerza el uso de monitoreo satelital avanzado para prevenir la deforestación, la adopción de sistemas agroforestales sostenibles y la formalización de derechos territoriales indígenas, además de mecanismos de financiamiento climático y pagos por servicios ecosistémicos”, detalló.
Estas herramientas, indicó, buscan equilibrar conservación y desarrollo, pero requieren una presencia activa del Estado en el territorio.
La Amazonía, uno de los principales ejes del Perú y la COP30
La Amazonía peruana ocupó un lugar central en las negociaciones, no solo como símbolo ambiental, sino como eje operativo de cooperación regional. Ruiz recuerda que uno de los anuncios más relevantes fue el acuerdo entre países amazónicos para iniciar mecanismos de monitoreo conjunto de los bosques tropicales.
“Esto implica avanzar hacia estándares más uniformes de monitoreo forestal, compartir plataformas de datos satelitales y fortalecer la cooperación dentro de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica”, explicó.
En este marco, el Perú asume compromisos de colaboración técnica, intercambio de información y formulación de proyectos conjuntos, además de su participación activa en el Mecanismo Amazónico para la Cooperación y la Acción.
Desde el punto de vista científico, Rodríguez enfatizó que el nuevo marco de financiamiento climático obliga a definir prioridades territoriales claras, como la Amazonía, las zonas costeras y el altiplano andino; las cuales son afectadas por la deforestación y el cambio climático.
“La adaptación debe enfocarse en la gestión sostenible de recursos, la infraestructura resiliente y el apoyo a las comunidades locales”, remarcó.
Asimismo, ambos expertos coinciden en que el Perú llegó a la COP30 con una agenda alineada a su vulnerabilidad climática. Rodríguez destaca que el país priorizó la protección de la Amazonía, la gestión del agua, la adaptación agrícola, la resiliencia costera y los derechos territoriales indígenas, temas respaldados por evidencia científica sobre deforestación, escasez hídrica y aumento del nivel del mar. Sin embargo, advierte que el reto sigue siendo pasar de la planificación a la acción.
Ruiz coincide en ese diagnóstico y reconoce avances institucionales importantes en las últimas dos décadas, como la consolidación del Ministerio del Ambiente y los sistemas de monitoreo ambiental.
“El problema ya no es solo normativo, sino de ejecución. El verdadero desafío del Perú no es acceder a fondos internacionales, sino ejecutarlos bien, a tiempo y con resultados visibles para las comunidades más vulnerables”, afirmó.
La percepción ciudadana, agregó, sigue siendo que los recursos no llegan directamente al territorio.
Asimismo, la abogada ambientalista mencionó que Perú ha avanzado más que en décadas anteriores en marcos legales y políticas ambientales.
“Hoy existe una arquitectura ambiental mínima consolidada, con instituciones como el Ministerio del Ambiente, el OEFA, el SENACE y el SERNANP, además de sistemas de alerta temprana para deforestación e incendios”, acotó.
Stakeholders consultó al Ministerio del Ambiente (Minam) sobre el avance peruano en medidas de mitigación y adaptación. Sin embargo, al cierre de este informe, no se obtuvo respuesta alguna.
Los desafíos de Perú a futuro en la próxima conferencia
La COP30 en Brasil finalizó con ciertas críticas de organismos internacionales medioambientales, por su falta de compromiso para reducir las emisiones por debajo de los 1,5 °C, según lo establecido en el Acuerdo de París. Dado que, no se cumplió con un compromiso explícito del abandono de combustibles fósiles.
La capacidad del Estado para ejecutar los fondos que podrían llegar tras la COP30 es otro punto crítico. Ruiz considera que el país está medianamente preparado. “El verdadero desafío del Perú no es acceder a fondos internacionales, sino ejecutarlos bien, a tiempo y con resultados concretos para las comunidades más vulnerables”, afirmó.
La exministra recordó que el país ya ha gestionado recursos del Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación y cooperación bilateral, aunque persisten cuellos de botella institucionales y territoriales que limitan el impacto de esos recursos.
Mirando hacia el futuro, Rodríguez advierte que alcanzar la neutralidad de carbono al 2050 es posible, pero solo si se acelera la transición energética, se reduce la desforestación y se adoptan prácticas agrícolas sostenibles.
La próxima Cumbre del Clima, la COP31, se celebrará en Antalya, Turquía, en 2026, con Australia actuando como presidente de las negociaciones y organizando una pre-COP en el Pacífico, tras el acuerdo alcanzado entre ambas delegaciones durante la COP30 para compartir la organización.
Por su parte, la exministra concluye que, de cara a la COP31, el Perú debe asumir un rol más propositivo y llevar propuestas territoriales concretas. “La política climática ya no puede ser solo ambiental, debe ser hídrica, territorial, social y de desarrollo”, sostiene, subrayando que el próximo gobierno tendrá la responsabilidad de convertir los acuerdos de la COP30 en beneficios tangibles para la población.
