Por Stakeholders
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El tema ambiental tiene una dimensión trascendental en la opinión pública, por ese motivo, en la actualidad todas las actividades económicas deben contar con una evaluación ambiental de los potenciales impactos directos e indirectos, los positivos y los eventuales riesgos que deberá asumirse por el desarrollo de algún proyecto.
Al respecto, hay quienes consideran que el desarrollo de las actividades productivas debe supeditarse en absoluto a condiciones ambientales y sociales, lo cual en términos discursivos suena atractivo y hasta cautivante. No obstante, debemos tener presente que toda actividad humana impacta el ambiente, transforma el paisaje y busca, como en el principio, aprovechar los innumerables recursos que nos ofrece la naturaleza.
Sin embargo, hay quienes magnifican el riesgo ambiental, generando temor y hasta rechazo a ciertas actividades económicas, particularmente a la minería y, más recientemente, a otras actividades como pudiese ser la de generación de energía eléctrica.
En el caso peruano, al interior del país, subsisten diversos grupos poblacionales con culturas y lenguas distintas, pero todas forman parte del Estado y, así como demandan la provisión de servicios y el desarrollo de infraestructura, también están obligadas a participar en el engrandecimiento del país en su conjunto.
Tengamos presente que, tanto la generación de energía, como el desarrollo de proyectos mineros están determinados por las condiciones geográficas del territorio. La construcción de una planta de generación hidroeléctrica demanda edificar, entre otras obras civiles, una represa que aprovecha alguna hondonada o un terreno propicio rodeado de cerros, los cuales permiten acumular agua, la cual puede ser empleada en la generación como en proyectos de irrigación de terrenos eriazos.
De esta manera, un proyecto principal genera complementariedades y encadenamientos productivos, propiciando el desarrollo y el bienestar del conjunto, tanto por el pago de impuestos como por la generación de puestos de trabajo directo e indirecto.
En el caso de los proyectos mineros, demás está decir que la potencialidad del territorio determinará el aprovechamiento o no de un yacimiento, si los minerales que posee tienen suficiente grado de concentración como para justificar su explotación se construirá una mina. De lo contrario, la información que se disponga de aquel depósito de mineral “dormirá el sueño de los justos” hasta que el desarrollo tecnológico lo haga viable.
Para concluir, la arista ambiental relevante tiene que ser el costo beneficio para el país, lo que normativamente se ha denominado “Estudio de Impacto Ambiental”, la opinión de una población es importante para que la autoridad nacional asuma una determinación, pero no es ni debe ser definitoria. Administrar un país distanciándose del ejercicio de la normatividad vigente es socavar la gobernabilidad presente y futura para dar paso a “medidas de coyunturales” que no permiten avizorar un horizonte claro y definido para la ejecución de inversiones de gran magnitud.
El país requiere un Estado inclusivo, convocante, que escuche, pero que tome decisiones cuando corresponda. Si un grupo opina que algún proyecto viable no les resulta relevante para su desarrollo y, por uno u otro motivo el Estado decidiese que no se ejecute, lo lógico sería que el Estado no destine fondos generados por otros ciudadanos para subsidiar a aquellos que decidieron mantenerse al margen del conjunto, al menos por algún período.
El desacato de las normas debe tener una consecuencia para no seguir soslayando la gobernabilidad.
Por: Guillermo Vidalón del Pino
Jefe de Relaciones Públicas
