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Un diagnóstico del contenido de la reforma promovida por el presidente Martín Vizcarra en el referéndum del pasado 9 de diciembre.
Por Rudy Chávez
rchavez@stakeholders.com.pe
Desde hace largo tiempo en el Perú se ha venido hablando y gastando mucha tinta sobre la reforma política; sin embargo, el Congreso, la institución encargada de emprenderla, casi no hizo nada para hacerla realidad. En este escenario de inacción parlamentaria, el presidente Martín Vizcarra decidió empuñar la bandera reformista con el propósito de tener iniciativa política y legitimidad social.
Aunque en un inicio pareció que la idea de la reforma había entusiasmado genuinamente al presidente Vizcarra, luego quedó claro que la sensualidad del poder político y el apoyo ciudadano le hicieron descartar cualquier posibilidad de mejorar su propuesta, la cual no era precisamente la mejor.
Empoderado política y socialmente, el presidente materializó esta alternativa de reforma en el referéndum del pasado 9 de diciembre, el cual giró alrededor de un cuestionario sujeto a 1) el reemplazo del ahora fenecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), 2) el financiamiento público para los partidos políticos, 3) la no reelección inmediata de congresistas y 4) la vuelta a la bicameralidad.
Herido por este zarpazo del mandatario, el Congreso intentó contraatacar modificando la propuesta de retorno al bicameralismo mediante la introducción de un mecanismo legal que debilitaba la figura de la cuestión de confianza, a la cual el presidente respondió decidiendo apoyar públicamente los puntos 1), 2) y 3) de su reforma, exceptuando de su apoyo al punto 4), con lo cual prácticamente se tiró abajo el retorno al bicameralismo.
De ahí hasta el día del referéndum, el ruido político impidió que se profundizara sobre el contenido de la reforma, provocando que más del 80 % del electorado votara ciegamente por la fórmula de votación que había propuesto el presidente.
En este contexto nebuloso, Stakeholders acudió donde Fernando Tuesta, profesor principal de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), para conversar con él sobre la forma y el fondo de lo que fue el caballo de batalla del Gobierno Central.
Entendiendo la reforma política
Según Fernando Tuesta, la explicación del origen de la reforma política del presidente Vizcarra radica en su correcta interpretación de la demanda ciudadana de lucha frontal contra la corrupción.
«El escándalo de corrupción del CNM y el obstruccionismo de Fuerza Popular (FP), fueron la levadura perfecta para que el presidente comenzara a pensar en un referéndum que viabilizara su reforma», afirmó.
Asimismo, Tuesta dijo que esta reforma necesariamente tenía que comenzar con la reestructuración del CNM, por ser este el exponente mediático de la corrupción institucionalizada en el Perú.
«El reemplazo del CNM por la JNJ es un avance por la inclusión del concurso público para la selección del aspirante a juez o fiscal. Este concurso debe contar además con un reglamento adecuado y transparente, en donde cada etapa del mismo sea preclusiva y la entrevista personal no tenga tanto peso para que no sea tan subjetiva», opinó.
Por otro lado, en el caso del financiamiento público para los partidos políticos consideró que solo debió proponerse la modificación de los artículos de la Ley de Organizaciones Políticas referidos al financiamiento, en vez de hacer una cuestión de vida o muerte su incorporación en la Constitución.
«Generalmente, cuando se hace una modificación constitucional se cambia un enunciado general que luego pasa a ser desarrollado como ley, pero resulta que este asunto del financiamiento ya estaba en la ley, por lo que no constituye una gran reforma per se», señaló.
Por otra parte, aseguró que el hecho de que la gente haya votado mayoritariamente por la no reelección parlamentaria responde a un sentimiento visceral de rechazo hacia la baja calidad de la gestión del Congreso.
«Desde el 2001 hasta el 2016, la tasa de reelección congresal en el Perú ha oscilado alrededor del 20 %, lo cual ha estado causando que la mayoría de la representación parlamentaria sea inexperta. Esto, unido al déficit cuantitativo de representación y al deficiente diseño de las circunscripciones electorales, justifica en parte la pésima gestión del Parlamento y el repudio de la población», explicó.
En tanto, expresó su decepción acerca del masivo voto negativo que obtuvo la propuesta de retorno a la bicameralidad, la cual consideró como el corazón de la reforma política.
«El Perú tiene una gran disparidad entre el tamaño de su Congreso y su peso demográfico como país, al punto que actualmente tiene un Parlamento del mismo tamaño que el de Uruguay, Macedonia, Senegal, Líbano e Israel, a pesar de ser un Estado de mayor envergadura. En un cuarto de siglo se ha pasado de tener un Congreso de 180 diputados y 60 senadores para 12 millones de electores a uno de 130 congresistas para 23 millones de electores. Con el voto en contra del regreso del Senado, no habrá una reforma política como tal», lamentó.
Ensayando una utopía
Para Fernando Tuesta emprender una reforma completa del sistema de justicia es una labor sumamente complicada, más aún si se intenta introducir dentro de ella al Tribunal Constitucional (TC).
«Particularmente, a mí no me gusta que en el Perú la elección del pleno del TC tenga que pasar por el Congreso, porque aquí la volatilidad del electorado y la fragmentación parlamentaria hacen que el nivel de negociación sea bajísimo y el poder de chantaje altísimo, a diferencia de lo que sucede en EE.UU, en donde la estabilidad del bipartidismo tiende a elevar el nivel de negociación y a reducir el chantaje», precisó.
Asimismo, Tuesta indicó que reformar el sistema de partidos en el Perú pasa por cambiar la cerraduras de las puertas de entrada y salida del sistema con la participación directa de la ONPE, el JNE y el Reniec.
«Eliminar el requisito del planillón, organizar una elección primaria cuyo resultado sea vinculante siempre y cuando convoque a un determinado porcentaje del electorado y la organicen la ONPE, el JNE y el Reniec, y retirar la inscripción de aquel partido que no supere la valla electoral para una alianza o no participe en una elección nacional son lo que verdaderamente se requiere para arrancar el problema de raíz», recalcó.
Además, subrayó que para elevar la calidad de la gestión parlamentaria, se precisa no solo incrementar el número de la representación, sino también rediseñar cada circunscripción electoral de acuerdo a un parámetro demográfico y territorial, con el fin de precisar y estrechar la relación entre el representante y el representando.
«De esta forma, el ciudadano no solo podría identificar quién es su representante, sino también podría comprobar si es que este está atendiendo su demanda, lo cual facilitaría la definición de quién merece o no ser reelegido para un próximo periodo legislativo», destacó.
De otro lado, expresó que el retorno del Senado hubiera ayudado a reducir la asimetría de la representación que hay entre cada circunscripción electoral del país.
«Aparte, una cámara alta también hubiera asumido la función de cámara revisora de la producción legislativa de la cámara baja, que posiblemente habría evitado tener una mayor cantidad de legislación pésimamente diseñada, aunque esto nunca se sabe con certeza», aseveró.
Lograr tener un sistema de justicia predecible y un Parlamento alineado con el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, pasa necesariamente por impulsar una reforma que haga que el sistema judicial sea transparente y expeditivo, y que el Congreso sea representativo y cercano a la población. Este primer intento de reforma política fue un comienzo esperanzador, pero está en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el ciudadano en que este impulso reformista no muera como una ola en la playa, sino que viva como una flama en una antorcha.
