Por Stakeholders
Lectura de:
El Gobierno del Perú oficializó mediante el Decreto Supremo N.º 022-2025-JUS, publicado en El Peruano, que los adolescentes de 16 y 17 años podrán ser procesados bajo el régimen penal adulto cuando comentan delitos graves como homicidio, violación sexual, terrorismo o narcotráfico. Dicha medida busca endurecer la respuesta del Estado frente a la criminal juvenil, pero sin eliminar los principios de protección diferenciada.
La norma fue publicada el 5 de noviembre y modifica el reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Ante esto, Diana Pérez, abogada penalista del estudio iuralex, detalló a Stakeholders, las implicancias que tendría la nueva modificación de la Ley 32330.
¿Qué implicancias tiene el cambio de normativa para los adolescentes de 16 y 17 años en el Perú?
Según el Decreto Supremo N.º 022-2025-JUS, la medida incluye más de 30 delitos graves, como homicidio simple y calificado, lesiones graves, secuestro, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, sicariato, extorsión, trata de personas, robo agravado y organización criminal.
En estos casos, los adolescentes de 16 y 17 años podrán ser procesados en el sistema penal ordinario, enfrentando penas equivalentes a las de un adulto. Sin embargo, para la especialista, la Ley no señala cómo se aplicará ni el régimen de ejecución. También, menciona que la modificación de la Ley colisiona con la Constitución y los tratados de los que Perú es parte.
“Se desprenden dos interrogantes como, ante la Constitución y los tratados, qué juez los va a juzgar y si es el juez penal podrá aplicar atenuantes por edad dentro del marco penal adulto. También dónde cumplirían la condena”, remarcó Pérez.
No obstante, el Ejecutivo precisó que la norma mantiene los principios de protección diferenciada. Aunque los jóvenes infractores sean juzgados como adultos, seguirán amparados por el principio del interés superior del menor, lo que garantiza un tratamiento penitenciario especializado, enfocado en su rehabilitación e inserción social. El Estado también se compromete a proteger su integridad y a ofrecer un entorno carcelario adaptado a su edad y condición.
Para Diana Pérez, el hecho de que los adolescentes sean condenados como adultos, pero con los mismos beneficios, no garantiza que se vaya a cumplir la sentencia establecida contra los jóvenes.
“No se cuenta con la infraestructura correspondiente y mucho menos con el personal calificado para dichos fines, más aún teniendo en consideración que la capacidad de gestión del Ministerio de Justicia, solo ha ejecutado el 20 % de su presupuesto”, señaló.
Desde el Ejecutivo, ¿Qué se señala con esta medida?
Para el Ministerio de Justicia, esta reforma tiene como objetivo “responder con firmeza a los delitos de alto impacto sin renunciar a la protección y reinserción de los adolescentes infractores”.
Por el contrario, Diana Pérez, declaró a Stakeholders que, endurecer las penas al adolescente de 16 y 17 años no soluciona el problema y no tiene impacto directo en la disminución del delito.
“Lo que realmente disuade el delito, no es la dureza de la pena, sino que se tenga certeza que va a ser sancionado”, acotó.
Por su parte, Pérez señaló que en caso de ser condenado el menor como adulto no sé específica a donde será derivado el reo. Una situación que derivará en la mezcla de adolescentes con adultos en las cárceles peruanas.
«Sin políticas públicas en dichas áreas, el castigo por sí solo no resuelve el problema y lo que está haciendo es que la adolescencia ingrese a una especie de profesionalización en el crimen», mencionó.
