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El gobierno peruano busca ejecutar el proyecto de la central hidroeléctrica del Inambari en la frontera de las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco, para…
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El gobierno peruano busca ejecutar el proyecto de la central hidroeléctrica del Inambari en la frontera de las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco, para lo cuál ha entregado la concesión a Egasur, consorcio brasilero de capitales estatales y privados. Hace unas semanas apareció una publicidad de la empresa: “Cómo funciona una represa” (verla en: http://www.youtube.com/watch?v=d_gxRqXrAP0).
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El video es una animación que explica el funcionamiento de la hidroeléctrica a partir de un día en la vida de una familia “común”; las actividades de la familia, sin embargo, distan mucho de ser una familia promedio de colonos de algún anexo rural en algunas de las zonas de influencia del proyecto, como el distrito de San Gabán en la ceja de selva puneña.
La animación -además de reforzar roles de género donde la mujer “siempre está pendiente del padre y todo el tiempo le prepara café”-, muestra a los niños jugando videojuegos en una TV de pantalla LCD, y al padre que es escritor y trabaja todo el día en su computadora. Una pensaría que están graficando a los beneficiarios de las ciudades brasileñas a donde se transportará la energía, pero luego el video muestra al abuelo que vive cerca de la familia, que tiene una casa justo al lado del embalse y goza por ello de un lindo paisaje.
Dos reflexiones sobre el video que la empresa difunde: 1) no se considera la realidad rural de la zona, las actividades productivas a las que se dedican las familias, sus problemas y necesidades reales; y 2) la falta de transparencia de la publicidad; solo un ejemplo: en el video se afirma que la represa no dañará al medioambiente, mientras discurre la imagen del embalse que se va llenando: no dice que debajo de éste quedarían alrededor de 35 mil hectáreas de bosque amazónico (la empresa reconoce que inundarán “solo” 21 mil); tampoco que la materia orgánica que se descompondrá debajo emitirá a la atmósfera millones de toneladas de dióxido de carbono; tampoco, que tendrán que ser reubicados más de 5 mil pobladores de los centros poblados que el embalse inundará –que por cierto, incluirían al abuelito de la familia de la publicidad-. El extenso y minucioso informe de la Comisión Mundial de Represas -órgano de Naciones Unidas promovido por el Banco Mundial y compuesto por un grupo de expertos mundiales-, que ha estudiado el impacto de una muestra de 125 represas en el mundo, llama la atención sobre la enorme magnitud de los impactos sociales y ambientales de las grandes hidroeléctricas. Entre una larga lista de impactos se advierte: que en el caso de hidroeléctricas se da un reiterado fracaso para evaluar impactos e implementar reasentamientos -“lo que ha llevado a la pobreza y sufrimiento de millones de gentes” (de 40 a 80 millones de desplazados)-; que el 60% de ríos del mundo han sido fragmentados; que en muchos de los casos estudiados los esfuerzos de mitigación han tenido un éxito limitado; que los embalses emiten gases invernaderos por la descomposición de la materia orgánica, entre muchos otros. (1) Considerando lo anterior, las condiciones para un diálogo y consulta con la población deberían darse sobre la base de estudios serios que permitan discutir sobre estándares socio ambientales y sobre la viabilidad real de la represa en un ecosistema como el de la zona. Este debate es necesario; resulta bastante obvio que no es la mejor salida utilizar como argumento a favor de la represa que ya que hay minería informal o cultivos de coca, es mejor inundar miles de hectáreas de bosque. Más bien, si se quiere tener un debate serio sobre posibles beneficios y riesgos de la hidroeléctrica, es necesaria mayor transparencia; pero ello implica no solo brindar información, sino que ésta sea completa e imparcial. El escenario local En un contexto de oposición de un importante sector de las poblaciones que serían directamente impactadas, y con un escenario local tenso por la conformación de un Frente de Defensa de rechazo al proyecto y por la posición contraria de las rondas campesinas de la provincia de Carabaya, la empresa ha manifestado que solicitará al MEM la ampliación del plazo de la concesión temporal que vence en junio de este año. Mientras tanto, es necesario que las poblaciones y sus organizaciones, los gobiernos locales regionales, aprovechen este espacio para trabajar propuestas y políticas de desarrollo para la zona, y no esperar a que se acerque el vencimiento del nuevo plazo, para hacer sentir su rechazo al proyecto. En relación a lo anterior, vale la pena resaltar que el informe citado identifica siete prioridades estratégicas, una de cuales señala que “ninguna represa debe ser construida sin la aceptación demostrada públicamente de las personas afectadas”. (2) Antes de que EGASUR optara por pedir la ampliación del plazo de la concesión, la información que ha venido circulando sobre el proyecto ha sido confusa. Primero se dijo que el 80% de la energía sería para Brasil y solo el 20% para Perú; luego, la empresa habló de un de 75%; en una reciente entrevista televisiva, el gerente de Egasur señaló –sin explicitar si ello se daría en décadas futuras o no – que solo el 50% iría al país vecino. De acuerdo al seguimiento del Grupo de Trabajo de Sociedad Civil para la Interoceánica Sur (GTSC-IOS) de Puno, en el mes de marzo un representante local de la empresa manifestó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones había aprobado un nuevo trazo para la carretera Interoceánica Sur –que se verá afectada por el embalse de la Hidroelectrica en los tramos 2 y 4-. Ante ello, representantes de la Ong Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) se comunicaron con la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, PROVIAS Nacional y la Dirección General de Concesiones en Transportes del MTC a fin de corroborar esta noticia que fue difundida por EGASUR. Ante ello, esta Dirección informó que la noticia no era cierta ya que no se ha aprobado hasta el momento ninguna ruta alterna para la Interoceánica. A nivel local, también corrió la voz de que la empresa había presentado el EIA al Ministerio de Energía y Minas (MEM), cosa que, como confirmó el MEM, tampoco resultó cierta. Así, una serie de informaciones sobre el proyecto ha sido trasmitida de manera desordenada, incompleta y confusa. No quedan claros los canales institucionales que está utilizando la empresa para informar a las autoridades regionales, organizaciones de la sociedad civil y a la población local en general sobre las condiciones del proyecto. El gobierno peruano está a punto de firmar el Acuerdo de Integración Energética Perú-Brasil, sin que éste haya pasado por un debate con gremios profesionales, organizaciones ni instituciones vinculadas a la materia. Tampoco ha pasado por un debate en el Congreso de la República; recientemente, y tal vez ante las críticas planteadas,(3) el gobierno ha anunciado que será discutido en este espacio. De este Acuerdo se desprende -además un conjunto de condiciones y beneficios comerciales-, la construcción de cinco grandes hidroeléctricas más en territorio peruano para abastecer la demanda energética del país vecino, entre las cuáles figura la de Inambari. El tema de la Hidroeléctrica de Inambari debe ser analizado y debatido en relación al referido Acuerdo Energético; como señalan especialistas en el tema, no es lo mismo hablar de una que de cinco hidroeléctricas represando los principales ríos de nuestra Amazonía. Visto en una escala mayor, y para evaluar el impacto acumulativo de las hidroeléctricas, se requeriría una Evaluación Ambiental Estratégica y una revisión de la política hidroenergética nacional, y no solo un EIA del proyecto. En este contexto, haría bien conocer y discutir documentos serios como el Informe de la Comisión Mundial de Represas (https://download.yousendit.com/cmcyRm85Q1JZY1N4dnc9PQ), para tener luces sobre los impactos de estos megaproyectos, un tema muy poco discutido en nuestro país. Más aun cuando el gobierno peruano está a punto de firmar el cuestionado Acuerdo Energético que determinará nuestra política energética y compromisos con el país vecino por las próximas décadas. (1) “Represas y Desarrollo. Informe Final de la Comisión Mundial de Represas”. World Comission Ondams, 2000. (2) Comisión Mundial de Represas. Op. Cit. (3) Instituciones especializadas y expertos en el tema suscribieron una carta de recomendaciones al Estado peruano (http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2010/02/Carta-Acuerdo-Peru-Brasil-5feb10.pdf), mostrando su preocupación por los vacíos técnicos del Acuerdo. A pesar de que en un primer momento éstas no fueron tomadas en cuenta, saludamos que el Viceministerio de Energía haya manifestado que éstas estarían en proceso de revisión. Fuente: |
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