Por Stakeholders
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Los medios de comunicación informan que se habría presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición formulada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Comunidades (supuestamente) Afectadas por la Minería (CONACAMI), y la Organización de Mujeres Indígenas (ONAMIAP) para que, a través de una medida cautelar, el Estado peruano deje sin efecto los derechos y licencias otorgadas a la empresa minera Yanacocha, en la región Cajamarca.
En otras palabras, quienes una y otra vez son rechazados en las ánforas por la ciudadanía, quienes desconocen el Estado de Derecho y socaban la democracia, quienes por razones ideológicas buscan acabar con la gobernabilidad y establecer lo que el trasnochado marxismo denominaba la “Dictadura del Proletariado”, recurren de manera táctica a un organismo de carácter supranacional con el fin de paralizar la ejecución del proyecto minero Conga.
La CIDH deberá rechazar tan absurda pretensión y declararla inadmisible e improcedente; por consiguiente. La Constitución Política del Perú señala, en su art. 66, que “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.”. En concordancia, por ley orgánica fija las condiciones de la utilización de dichos recursos y de su otorgamiento a particulares.
El texto constitucional es claro y preciso, no admite duda alguna. Es el gobierno democráticamente elegido, de conformidad con la Carta Magna vigente, la única y última instancia de decisión para otorgar derechos y licencias de operación a una empresa extractiva.
Si se consumara el despropósito de quienes pretenden negar al gobierno el derecho de administración de los bienes de la Nación, traduciéndose en una medida cautelar por parte de dicha Corte, al Estado peruano solo se le estaría dejando la alternativa de denunciar dicha instancia internacional y optar por retirarse.
¿Para quién trabaja la antiminería local o a quiénes representa?
Con certeza no lo sabemos, pero hay una sucesión de hechos que en el corto plazo pueden parecer confusos, mas en el largo plazo las acciones suelen verse en perspectiva y transparentarse las decisiones soterradas del presente.
En momentos en que el Perú ha acudido a la Corte Internacional de Justicia de la Haya (Holanda), institución de la Organización de la Naciones Unidas, en busca de una resolución a su reclamación marítima de demarcación limítrofe, ¿nos convendría sentar un precedente para denunciar a una instancia internacional?, ¿acaso no se le estaría dando el argumento que requiere la contraparte para desconocer un eventual fallo favorable a la expectativa peruana?
La cartera estimada de proyectos mineros para los próximos cinco años supera los $51,698 millones, cifra muy importante y envidiable, pero mayor aún es la cifra prevista de Inversión Extranjera Directa en Minería que esperan algunos de nuestros países vecinos, que superaría los $80 mil millones de dólares.
Tengamos presente que los fondos de inversión internacional, que pueden financiar el desarrollo de nuestros proyectos mineros, son pragmáticos. Si un país va dejando de lado su condición de atractivo para la inversión, aquellos fondos acudirán allí donde existe potencial geológico y las condiciones favorables para la inversión. Al mismo tiempo, impulsarán el desarrollo de la industria local de los países receptores de dicho capital, lo que en adición aumentará la capacidad productiva y exportadora de dichos países.
La presencia de la inversión minera internacional en el Perú ha generado, además de ingentes recursos para el desarrollo regional descentralizado, un cambio trascendente en las expectativas económicas, sociales y ambientales de la población. Acertará en concretar sus planes y proyectos de inversión -en el menor plazo posible- la empresa que tenga la sabiduría para determinar cuánto y cuándo es oportuno invertir en desarrollo sostenible inclusivo para obtener el respaldo social que haga realidad nuestra expectativa económica.
