Por Stakeholders
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“En toda América Latina y el Caribe se ha disparado la inversión (extranjera) en la tierra y la agricultura durante la última década”. Los 10 países más afectados por el acaparamiento de tierras son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, según El informe El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).
Los principales detonadores de la “actual fiebre de tierras” en América Latina y El Caribe se deben a la creciente demanda mundial de alimentos, forraje y combustible. En segundo lugar, por el incremento de la demanda de minerales y productos madereros; y finalmente debido a la crisis financiera que ha vuelto más segura la inversión en tierras.
“La historia de la región nos cuenta que el proceso extractivista ha conducido a una generalización de la pobreza, ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades rentistas. Todo esto profundiza la débil y escasa institucionalidad democrática, alienta a la corrupción, desestructura sociedades y comunidades locales, y deteriora gravemente al medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientelares y patrimoniales”, sentencia Alberto Acosta, economista y ex ministro de Energía y Minas de Ecuador.
Conflictos sociales y concentración de tierras
En Perú, el 47,8% del territorio de las comunidades campesinas tienen concesiones mineras. La Defensoría del Pueblo registró en mayo de este año 211 conflictos sociales, de éstos, 143 (67,8% del total) se debieron a causas socioambientales, y de éstos mas de mitad son por minería.
Raphael Hoetmer, investigador integrante del Programa Democracia y Transformación Global–Perú, sustenta que el proyecto neoliberal en el país, impulsado por el gobierno de Alberto Fujimori, implicó un proceso de “reterritorialización», con la expansión minera como una de sus lógicas principales. El experto e integrante del grupo de ecología política de la universidad CLACSO, afirma que la profundización del extractivismo y estas reformas han generado daños ambientales, sociales, culturales, política y de salud humano a lo largo del país como en La Oroya (Junín), Cerro de Pasco, El Callao y Choropampa (Cajamarca).
El extractivismo, considera el especialista, consiste también en la configuración de un sistema político, económico, jurídico e imaginario cultural e identitario que permita su desarrollo. Es por ello, que habla de Perú como “gobierno minero” debido a que servicios, que son funciones propias del Estado, llegan a ser absorbidas por actores privados, como es el caso de la salud, educación construcción de infraestructura, o la seguridad, pudiendo la policía.
Durante la conferencia se expuso la amenaza que el proyecto Conga (Cajamarca) supone para su población y el ecosistema, compuesto de humedales y lagunas, pues se removerían durante 17 años 92 mil toneladas diarias de roca y se producirían 85 mil toneladas de relaves tóxicos diarios. Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina, resaltó que tras 22 años de minería en la región es la más pobre del país. Además comentó que existe un interés por convertir el sur de Cajamarca en uno de los distritos mineros más grandes de Latinoamérica.
Pedro Landa, investigador de la compañía de Jesús de Honduras, explicó que el modelo extractivista reproduce las tradicionales economías de enclave que tratan de abastecer de materias primas a los países del Norte. Este modelo económico se vio impulsado en el país tras el Golpe de Estado del 2009, que impuso una nueva Ley de Minería. A un año de esta normativa, se generaron 20 conflictos. Los 292 proyectos mineros aprobados ocupan el 46,6% del territorio nacional. De aprobarse las 562 solicitudes en proceso, se incrementaría esta cifra hasta el 65.8%.
