Por Stakeholders
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La decisión del líder político chileno José Antonio Kast de retirar 43 decretos ambientales generó una rápida reacción de organizaciones socioambientales, científicas y de derechos humanos. Estos advierten un retroceso en la protección del medio ambiente y alertan sobre impactos directos en la salud de las comunidades y en la respuesta frente a la crisis climática.
En medio de la controversia, el Ejecutivo dio una señal parcial de rectificación; la Contraloría General de la República de Chile informó que, tras su reingreso el 18 de marzo, tomó razón del decreto N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, que aprueba el Plan RECOGE para la recuperación, conservación y gestión de las Ranitas de Darwin.
El fin del legado de Boric: Kast elimina decretos medioambientales en Chile
La iniciativa contempla la restauración del bosque templado austral, el control de la quitridiomicosis, enfermedad que afecta a la especie, y el desarrollo de medidas de investigación y monitoreo.
Sin embargo, la reposición de este decreto no logró desactivar las críticas; el cuestionamiento central se mantiene debido a la eliminación del resto de normas ambientales, una decisión que sigue generando preocupación en distintos sectores de la sociedad civil.
La reacción se articuló rápidamente; una declaración pública firmada por 247 organizaciones y respaldada por más de cien representantes del ámbito científico, académico y social advierte un giro preocupante en la política ambiental. En el documento, los firmantes hablan de “retrocesos ambientales” y sostienen que la medida desmantela avances construidos durante años mediante procesos técnicos y participativos.
La amplitud de la articulación refuerza la señal de alerta; participan desde fundaciones ambientales hasta organizaciones de derechos humanos, lo que evidencia que la preocupación se ha extendido más allá de nichos especializados hacia un espectro amplio de la sociedad.
El impacto, subrayan, trasciende lo administrativo; lo que está en juego es la calidad del aire, la protección de los ecosistemas y la capacidad del país para enfrentar la crisis climática en un contexto de creciente presión ambiental.
