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Por: Rubén Valle
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La administración del aparato público atraviesa actualmente un periodo de transición hacia lógicas más flexibles que priorizan la participación de otros actores sociales para crear valor público. Este objetivo nace del reconocimiento, por parte de los Estados, de sus propias limitaciones para afrontar los actuales retos de gobernanza y desarrollo sostenible. El aporte de la sociedad civil a la innovación pública será decisivo para la sostenibilidad de las naciones en el futuro y la legitimidad de los sistemas económicos y políticos.
EL CONTEXTO
Para llegar a este punto de inflexión, según Mercedes Aranguren, presidenta del Foro del Sector Social de Argentina, han sido fundamentales los movimientos migratorios dentro de los últimos diez años, que han tugurizado las principales ciudades de Latinoamérica, ya que la inefectiva distribución de la riqueza y la centralización de la administración pública ha concentrado mejores condiciones de vida en estos espacios. Se ha generado en consecuencia “el crecimiento de barrios muy precarios, hacinamiento habitacional, carencias de infraestructura, aumento de la violencia, propia de estos contextos con alta vulnerabilidad social”, indica Aranguren.
Otros indicadores que influyen en la precarización de las condiciones de vida de los más pobre, según la especialista, son la comercialización y consumo temprano de drogas, la esclavitud laboral, la exclusión social y la inseguridad ciudadana. Problemas que al no ser atendidos pertinentemente desaprovechan las potenciales oportunidades de la vida en la ciudad, situación que se agudiza gracias a la rampante corrupción institucional en la región.
En esa coyuntura, las políticas de gobierno abierto buscan recuperar la confianza de la sociedad y proveer mayor satisfacción y bienestar para facilitar la gestión de los procesos necesarios para el desarrollo sostenible. Esta estrategia responde al objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”), y es el tercer eje de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2013-PCM en enero del 2013.
Aranguren define la importancia del gobierno abierto: “Generar espacios de interacción entre la sociedad civil y el Estado para articular la colaboración y participación en las distintas etapas del ciclo de las políticas públicas, permite al ciudadano sentir que participa o puede participar y ser escuchado, volviéndose más responsable”. De modo que estas políticas se abocan principalmente a la transparencia y la rendición de cuentas. La política pública, para María Elena Morera, fundadora y presidenta de Causa en Común (México), retoma así su carácter intrínseco de participación ciudadana: “Ninguna política pública funciona si está alejada de la gente y sus necesidades”.
este esquema de innovación pública, para la especialista, responde a que “las innovaciones más profundas son resultado de las acciones que pone en marcha un gobierno abierto centrado siempre en las personas como referentes, copartícipes y corresponsables de la acción de gobierno, incorporándolas a sus procesos de planificación, a sus estrategias y a su evaluación de resultados”.
¿CÓMO IMPACTA POSITIVAMENTE LA INNOVACIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
Es un hecho que el proceso de innovación pública iniciará en las ciudades. Lugares propicios para la confluencia de ideas y la construcción de conocimientos. “Los individuos y las organizaciones tenemos acceso a recursos y posibilidades tecnológicas, que pueden enriquecer y complementar lo que realizan los gobiernos para que los bienes y servicios públicos se piensen para y con la ciudadanía”, opina Morera. Esta acción, para la especialista, deberá sostenerse en una efectiva coordinación entre el gobierno y los actores sociales, ya que, en primer lugar, son los ciudadanos los que buscan que los recursos públicos se asignen y utilicen “de una forma más eficiente, transparente y eficaz”.
Se espera que este trabajo conlleve a un mejor mapeo de las necesidades sociales para prevenir o mitigar conflictos, reducir las distancias en la sociedad y contribuir a la gobernabilidad, implicando así al ciudadano en la mejora de la seguridad y la justicia. Compromiso que es difícil tomar, pero que los ciudadanos están cada día más dispuestos a asumir, consecuencia de dolorosas experiencias de gestión pública corrupta o ineficiente.
Morera opina que para entender el alcance de la participación ciudadana en estos aspectos “hay que pensar en términos de seguridad ciudadana como modelo de convivencia interpersonal entre una amplia pluralidad de actores, incluidos los municipios, los medios de comunicación y las defensorías propias de la sociedad civil, y no de seguridad pública como el mantenimiento del orden público estatal”.
Este criterio de “diversidad” también deberá ser aplicado en el diagnóstico de la problemática y el planteamiento de las estrategias de seguridad ciudadana: “Si la violencia es multifactorial en sus causas, multiforme y polisémica en sus manifestaciones, las políticas públicas no deben escapar a esta realidad. Es necesario producir un conocimiento sobre las múltiples dimensiones de las violencias, como objeto de conocimiento y de políticas, lo cual únicamente puede ocurrir con la más amplia participación social”.
Por su parte, el empleo de las herramientas tecnológicas será indispensable para mejorar la gestión pública: la simplificación de la gestión de trámites, un control más eficiente de la vía pública, el acceso a la información, el desarrollo de negocios, mejorar la comunicación e interrelación entre diferentes puntos del país y personas, entre otros. Sin embargo, María Elena recuerda que la tecnología no podrá propiciar por sí sola el desarrollo de procesos más transparentes si es que primero no se la orienta, mediante el talento humano, a la producción de aplicaciones móviles que sirvan para la denuncia ciudadana o llamadas de emergencia.
LA ARTICULACIÓN
Para la gestión de los procesos automatizados, implícitos de la innovación tecnológica, es necesaria “la efectiva concientización y capacitación de los funcionarios públicos sobre cómo manejar eficiente y amablemente esta modalidad de atención al ciudadano”, afirma Mercedes Aranguren. Se deberá, también, velar por el correcto funcionamiento de los sistemas y cuidar que la “accesibilidad sea amigable especialmente considerando a las personas no informatizadas”.
De cara al ciudadano, recomienda trabajar colaborativamente con las organizaciones de la sociedad civil y realizar campañas de transparencia activa. Será importante compartir la responsabilidad de la formulación de políticas públicas con estas organizaciones y los especialistas de la sociedad civil. Para ello, las administraciones estatales, enfatizando en los municipios, deberán priorizar el acceso a la información pública en “el marco de alianzas multiactorales, ya sea para la provisión de servicios o para el desarrollo de programas junto con el sector público”. Además, para la vocera del Foro del Sector Social, el principal fin de la transparencia activa es socializar información que capacite al ciudadano, ya sea en forma de cursos u otros formatos, en temas de acceso a la información, cómo adquirir y emplear datos, y cómo emplear los sistemas y redes.
Para la Presidenta de Causa en Común, las instituciones y las autoridades deben apuntar en primer lugar a recuperar la confianza de los ciudadanos. En su experiencia en México, donde los policías y los funcionarios de agencias públicas de procuración de justicia son quienes reciben de la sociedad las calificaciones más bajas con respecto a confianza, y solo cinco de cada cien casos inician proceso, ha evidenciado que esta situación conduce a que el ciudadano no denuncie, profundizando su anomia. Ella propone mejorar las condiciones de vida de las policías, capacitarlos e impulsar dentro de su labor esquemas de transparencia y rendición de cuentas y participación ciudadana.
Sobre la articulación entre el Estado y el sector privado, Aranguren opina que es fundamental promover la capacitación continua en el uso de las nuevas plataformas tecnológicas que se propongan y procurar una escucha activa frente a los feedbacks de este flujo bidireccional para poder trabajar, desde las mejores posibilidades económicas y legales del estado, sobre los problemas, necesidades y prioridades de la ciudadanía.
Finalmente, con respecto a cómo fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, Morera invoca tanto a las ONG como a las organizaciones de la sociedad civil a asumir esta responsabilidad “en todas las etapas de las políticas públicas para tener bases para alertar cuando haya desvíos, o irregularidades”, ya que de otra manera las perspectivas y propuestas de solución desde la base de la sociedad seguirán invisibilizadas. Deben afrontar su rol como “contrapartes, promotoras, gestoras y contraloras del desarrollo y observancia de los derechos y garantías”.
| El caso mexicano: María Elena Morera contó a Stakeholders breves aspectos sobre la incidencia de Causa en Común en México. |
| – La participación ha aumentado rápidamente en torno a temas de justicia y seguridad, evolucionando desde marchas por la paz en las principales ciudades del país hasta construir iniciativas ciudadanas que han logrado instaurar sistemas y leyes anticorrupción. |
| – Causa en Común desarrolló el andamiaje institucional para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y treinta sistemas locales (estados federales). Es presidido por el representante del Comité de Participación Ciudadana. Coordinan actualmente mediante el cabildeo ciudadano, gracias a la articulación interdisciplinaria de la organización en colectivos de muchas organizaciones. |
| – Causa en Común ha logrado incidir en la modificación/creación de siete leyes anticorrupción, sobresaliendo la Ley 3 de 3 que obliga a los funcionarios del estado a hacer públicas su declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Esta fue la primera iniciativa ciudadana llevada al Congreso con más de 630 000 firmas. |
| – Causa en Común evalúa el desarrollo policial de las treinta entidades federativas y la Policía Federal: analizan los recursos que les asigna el gobierno federal, hacen estudios sobre el funcionamiento de las centrales 911 y señalan sus deficiencias, desvíos, incumplimientos al marco normativo, y presentan propuestas de mejora. Además evalúan las condiciones de esta institución mediante el Índice de Desarrollo Policial y la Encuesta ¿Qué piensa la policía? 2017. Sus hallazgos evidencian una institución rebasada, escasez de policías, condiciones de trabajo precarias y poca importancia dentro del sistema nacional de seguridad pública. |
| – En el 2002 se emitió la ley federal de transparencia, pero aún persiste la opacidad en entidades públicas, sobre todo en las áreas de seguridad pública y a nivel de gobierno local. Sigue siendo un reto que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione como herramienta efectiva para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. |
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– Recientemente la prensa en México ha develado el procedimiento “Estafa Maestra”. Consiste en la otorgación de contratos de bienes y servicios, desde el gobierno federal y sin licitación pública, hacia distintas universidades nacionales. Luego, transfieren los recursos a cuentas de empresas ficticias para diluir su seguimiento y enturbiar la evidencia. Este mecanismo también ha sido utilizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y gobiernos estatales y municipales. |
