Por Stakeholders

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Por: Guillermo Vidalón del Pino 

Recientemente, estuve en la emblemática Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, precisamente aquella en la que la insania violentista se aposentó en los años setenta para organizarse y, en la década siguiente, pretendió capturar el poder por medio del mayor derramamiento de sangre que registre nuestra historia republicana. 

El encuentro fue grato, espero que lo haya sido para ellos tanto como lo fue para mi persona; jóvenes deseosos por conocer otras visiones del mundo, por saber qué representa la minería y qué más puede ofrecer para alcanzar la “Justicia Social”. Aquello de lo que muchos hablan pero pocos proponen cómo lograrlo. 

Lo primero que debemos tener en claro es que la “justicia social” tiene un profundo sentido ético; por lo tanto, aquel o aquellos que propugnan que ésta es posible de alcanzar desde la paz de los cementerios, están totalmente equivocados. 

Segundo, la “justicia social” implica -además- una vocación por el trabajo, ¿cómo proveer Bienestar y Desarrollo sin aportar, sin crear, sin innovar, sin emplear las ventajas competitivas de nuestro territorio, sin agudizar nuestro ingenio y nuestro intelecto?, 

Tercero, quien se exima de la autorresponsabilidad que le compete a cada uno en la búsqueda de la “justicia social” no es un auténtico partidario de ella, sino alguien que enmascara su deseo por el ejercicio del poder con un discurso que resulta atractivo y motivador para una juventud insuficientemente informada y carente de la experiencia respecto de quienes padecimos la violencia. 

Cuarto, la “justicia social” no constituye un acto de exacción, pues ello no es más que un eufemismo para denominar al robo. Tampoco puede implicar coerción, porque la violencia nunca será justa. 

Quinto, la “justicia social” se alcanza empoderándose uno mismo, ¿cómo se empodera uno? En el caso de los estudiantes, formándose mejor, destinando más horas al estudio, interrelacionándose con estudiantes, profesores o investigadores de las denominadas universidades de punta del país o del exterior. ¿Acaso el internet no permite establecer contacto para llevar a cabo una investigación que pudiese resultar beneficiosa para ambas partes? 

Sexto, la “justicia social” se alcanza enseñando, pero enseñando de verdad y con calidad. ¿De qué justicia social pueden hablarnos quienes ofrecen la peor calidad educativa a los hijos de los pobres? –inquirí-. Enseñar mal o no enseñar a un niño es casi garantizar que en el futuro seguirá siendo pobre y eso no puede denominarse justicia social. 

Sétimo, la “justicia social” representa mucho más que un estado de ánimo. Es ponernos a reflexionar sobre cómo, cuándo y con qué podemos llevar a cabo un emprendimiento trascendente para mejor la educación, la salud, contar con infraestructura pública que permita que la producción se incremente y sea oportunamente trasladada a los grandes centros de consumo para lograr términos de intercambio favorables al productor del Ande o la Selva. 

Octavo, la “justicia social” pasa por analizar cuál es o cuáles son las mayores oportunidades económicas del Perú en el presente -al margen de las ideologías- la minería es una de ellas y, por lo tanto, debe ser aprovechada, promovida y respaldada. Se deben explotar los depósitos de mineral ya explorados, pues mantenerlos improductivos no es beneficiosos para nadie, ni para el Estado –en cada uno de sus niveles de gobierno- ni para los inversionistas, ni para quienes actualmente están desempleados y buscan una oportunidad para contribuir al desarrollo del país de manera productiva, mucho menos para la población próxima a un yacimiento no explotado. 

Noveno, la “justicia social” implica escalar mejores niveles en los denominados Índices de Desarrollo Humano (contrariamente a lo que algunos anti-mineros suelen difundir, allí donde se llevan a cabo operaciones mineras hay mayor bienestar con relación a las zonas alto-andinas donde no se desarrolla la actividad minera); por consiguiente, se requiere seguridad ciudadana, cohesión social, estabilidad económica y seguridad jurídica. Sin confianza no hay desarrollo económico, tampoco social y productivo. 

Décimo, la “justicia social” -dentro de mi particular punto de vista- tiene que alcanzarse más desde el sector privado que el público. Privado porque es autónomo y, por lo tanto, empodera al ciudadano o conjunto de ciudadanos que deciden llevar a cabo algún emprendimiento arriesgando sus propios recursos. En cambio, el emprendimiento desde el sector público implicará siempre una disposición de recursos no producidos por el funcionario; por ende, el cuidado que dispense a los mismos siempre será menor del que realice quien estuvo directamente involucrado en su generación. Al respecto, manifesté: “Esto es tan sencillo como preguntarse, ¿qué casa cuido más, la mía o la del vecino?, ¿debemos seguir confiando en que alguien cuide más los bienes del Estado que los propios? La historia tiene infinidad de casos que corroboran nuestra inquietud. 

Entonces…¿el Estado no debería existir? No, el Estado sí es necesario para brindar seguridad interna y externa, para impartir justicia resolviendo controversias entre los privados, para disponer y coordinar el desarrollo de infraestructura de uso público -las mismas que pueden ser ejecutadas por privados-, así como los servicios públicos de educación y de salud. Para el ciudadano, lo relevante es que los servicios que reciba sean de calidad y el Estado no ha sido precisamente el más eficiente proveedor de tales servicios. 

Muchas gracias por leerme. Se autoriza su reproducción (siempre que se respete la autoría del mismo) para que más peruanos seamos conscientes de la importancia de la minería en el proceso de desarrollo y generación de bienestar en el Perú.







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