Por Stakeholders
Lectura de:
Juan Carlos M. Meléndez Calvo
Profesor de Derecho Tributario de la carrera de Derecho de
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)
Consciente de la importancia de la infraestructura, el Estado peruano ha utilizado en los últimos años diversos mecanismos que permitan la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura y servicios públicos, como las Asociaciones Público-Privadas (APP), los Proyectos en Activos (PA) y la Obras por Impuestos (OxI) (MEF, 2020). El mecanismo puede ser resumido como el de una empresa que hace la obra y luego ese dinero lo descuenta de los impuestos (Francke, 2021). OxI es una modalidad de inversión única y sin antecedentes en otras legislaciones en el ámbito mundial, resaltándose que algunos gobiernos de América Latina han solicitado asesoría a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) para replicarla en sus países (Albujar, et al., 2016).
El Perú sería uno de los países de la región andina que más se beneficiaría del incremento de la inversión, pudiendo crecer significativamente en los ingresos per cápita, pasando el umbral de los países desarrollados (Lozano, 2020). Existe la percepción respecto a las OxI como un mecanismo efectivo pero que tiene limitaciones legales (Francke, 2021). Desde su dación, OxI ha sufrido varios cambios y modificaciones normativas para perfeccionarla, experimentado un creciente interés del sector privado.
Las características estructurales del mecanismo OxI puede ser resumidas bajo los siguientes aspectos: Orientado a promover proyectos de inversión pública, priorizados por entidades de los gobiernos nacional, regional y local, y universidades públicas, Permite que el sector público y privado trabajen en cooperación en el marco de un convenio (Artículo 1º, 2º y 4º de la Ley Nº 29230) que: (a) otorga beneficios para ambas partes, (b) la empresa privada es seleccionada con ciertas condiciones, (c) opera un reconocimiento de la inversión privada por el Estado.
Desde que se promulgó no ha habido grandes avances en el número de obras realizadas (Albujar, et al., 2016). Con la creación de OxI en el 2008, el Perú ha implementado proyectos en transporte, energía, telecomunicaciones, agricultura y riego, además en agua y saneamiento, con una expectativa de mayor incidencia en sectores sociales como educación y salud (MEF, 2020).
Pero la evolución de la inversión en infraestructura en décadas pasadas en el Perú se mantuvo relativamente baja en relación con las necesidades de bienestar del país (Lozano, 2020). COMEXPERU analizó la evolución de la inversión en OxI del periodo 2009-2020, en el cual se aprecia una tendencia decreciente desde el 2017, y si bien en 2019 hubo una recuperación en cuanto al monto de inversión comprometida, los datos de ProInversión muestran que la cantidad de proyectos adjudicados y el número de empresas que participan de este mecanismo están a la baja (COMEXPERU, 2020).
OxI debe contribuir de manera más significativa a satisfacer las necesidades sociales y de desarrollo de su país, como parte de una estrategia de crecimiento, reducción de la pobreza y promoción del progreso económico y social. El uso y la administración de los recursos públicos con una perspectiva de inversión, tiene que ser efectivamente articulada con respuestas cooperantes y de confianza de los agentes económicos y sociales, dependientes de un contexto, previsibilidad, adaptabilidad al cambio, coordinación y coherencia.
Existen factores claves que deben ser consideradas en una agenda de reimpulso del mecanismo en términos de efectividad como: (a) la gestión efectiva de los responsables del sector público y los actores del proceso; (b) motivar un nuevo interés de la empresa privada por el entorno social; (c) efectividad de la supervisión y control.
