El gremio ATSUPER convocó a una movilización hacia el Congreso y Palacio de Gobierno para exigir la aplicación de la Ley 32490 y medidas urgentes frente a la ola de extorsiones que golpea al transporte público en Lima y el Callao.

Con seis transportistas asesinados en lo que va del año, el sector denuncia la inoperatividad del grupo interinstitucional contra la extorsión y demanda acciones inmediatas para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros.

Por Stakeholders

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La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú anunció una marcha para este jueves 5 de marzo en Lima con el fin de exigir acciones concretas frente a la creciente ola de criminalidad y extorsión que afecta al sector en Lima y el Callao.

El gremio, que agrupa a más de 100 empresas formales de transporte público, demanda la implementación inmediata de la Ley N.° 32490, norma que contempla medidas preventivas e indemnizaciones para los deudos de conductores asesinados.

Transporte de Lima y Callao anuncia marcha para el 5 de marzo

Frank Gómez Santillana, vocero de ATSUPER, informó que la denominada “marcha hombre máquina” tendrá como puntos centrales el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno, ambos ubicados en el Cercado de Lima.

En declaraciones para el medio RPP, el dirigente señaló que el sector protesta por la falta de ejecución de la ley y por la ausencia de medidas efectivas de protección.

El gremio denunció que no se han activado las acciones preventivas prometidas ni el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato, instancia que debería estar integrada por la Policía Nacional, el Poder Judicial y la Fiscalía.

Según Gómez Santillana, este equipo “no funciona”, lo que deja a los transportistas en situación de vulnerabilidad frente a organizaciones criminales.

¿Dónde será la convocatoria del gremio de transportistas?

Los manifestantes planean concentrarse en la plaza Dos de Mayo o en la plaza San Martín antes de desplazarse por el centro histórico para hacer llegar sus reclamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La movilización busca visibilizar el impacto de la inseguridad en el transporte urbano y presionar por respuestas inmediatas.

De acuerdo con cifras de la Cámara Internacional de Transporte, seis transportistas han sido asesinados en lo que va del año en Lima y el Callao en ataques vinculados directamente a la extorsión. El sector advierte que, sin medidas urgentes, la violencia continuará afectando el servicio y la seguridad de conductores y pasajeros.

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