Por Stakeholders
Lectura de:
Un juez de Dakota del Norte confirmó una condena que obliga a Greenpeace a pagar 345 millones de dólares por daños y perjuicios al operador del oleoducto Dakota Access.
Un proyecto contra el que la organización ambientalista lideró protestas hace casi una década. La ONG sostuvo que la demanda busca “hacerla callar” y llevarla a la ruina financiera.
¿Por qué Greenpeace es demandada en Estados Unidos?
El fallo fue firmado por el juez James Gion, quien redujo casi a la mitad la indemnización fijada por un jurado el año pasado. En esa instancia, tres entidades vinculadas a Greenpeace habían sido condenadas a pagar más de 660 millones de dólares por cargos relacionados con las manifestaciones contra el oleoducto.
Tras revisar el caso, el magistrado determinó que parte de los daños había sido contabilizada dos veces y ajustó la cifra final a 345 millones de dólares.
La demanda fue presentada por Energy Transfer, conglomerado energético responsable del proyecto Dakota Access. La empresa acusó a Greenpeace de organizar actos de violencia y campañas de difamación durante la construcción del oleoducto.
Según su posición, las protestas incluyeron allanamiento, molestias, conspiración y privación de acceso a la propiedad. El jurado dio la razón a la compañía y avaló el reclamo económico.
A pesar de la reducción, la sanción se mantiene como una de las condenas más elevadas impuestas contra una organización ambientalista en Estados Unidos, lo que reaviva el debate sobre los límites legales de la protesta social frente a proyectos energéticos de gran escala.
Greenpeace anuncia que continuará protestando contra Dakota Access
Desde Greenpeace rechazaron el fallo y anunciaron que continuarán la disputa judicial. “Esta batalla legal está lejos de terminar”, afirmó Kristin Casper, asesora jurídica general de Greenpeace Internacional, en declaraciones a la agencia AFP. La organización solicitará un nuevo juicio y, de no prosperar, apelará ante la Corte Suprema de Dakota del Norte.
Casper aseguró que Greenpeace Internacional y sus entidades en Estados Unidos cuentan con “sólidos argumentos” para lograr la desestimación de las demandas.
La ONG considera que el litigio forma parte de una estrategia orientada a desalentar la protesta social y limitar la acción de los movimientos ambientalistas frente a grandes proyectos energéticos.
El caso se convierte en un precedente relevante para el activismo ambiental en Estados Unidos, en un contexto donde las disputas entre empresas energéticas y organizaciones civiles continúan trasladándose a los tribunales.
