Por Stakeholders
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El Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el suministro de gas natural en Perú luego de la fuga y deflagración registrada el domingo en el yacimiento de Camisea, en Cusco.
La medida, vigente del 1 al 14 de marzo, busca ejecutar “con la mayor celeridad, los trabajos técnicos necesarios” y evitar un desabastecimiento que comprometa la estabilidad del sistema energético.
Fuga en Camisea activa racionamiento de gas y genera largas filas en Lima
El ministerio informó que activó de inmediato los protocolos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y dispuso un mecanismo de racionamiento para asignar el volumen disponible de gas natural al mercado interno.
La resolución establece que el suministro en ductos se priorice para hogares, comercios y establecimientos que abastecen al transporte público, “con el fin de prevenir desabastecimientos y preservar la estabilidad del sistema mientras se ejecutan las acciones correctivas correspondientes”.
La distribuidora Cálidda confirmó que restringió la venta de gas natural vehicular para autos particulares en Lima, decisión que provocó largas filas en estaciones de servicio de la capital.
“Se ha establecido un mecanismo de racionamiento para el despacho de gas natural, priorizando solo el suministro a los consumidores residenciales y comerciales, así como el transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible de uso es el GNV”, precisó la empresa en un comunicado.
Gobierno anuncia supervisión del racionamiento de gas en Lima
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería informó que supervisa el cumplimiento de los criterios fijados por el ministerio y monitorea el esquema de racionamiento. Además, señaló que verificó el reemplazo temporal de centrales termoeléctricas que operan con gas natural en Camisea por unidades de respaldo que utilizan diésel, medida que permite garantizar la continuidad del servicio eléctrico a nivel nacional.
La Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Energía y Minas a fortalecer la articulación con el sector salud y con autoridades locales, regionales y nacionales para garantizar la vida e integridad de las personas, proteger el medio ambiente y asegurar la continuidad del abastecimiento energético.
También pidió a Osinergmin realizar con urgencia acciones de fiscalización, incluida la verificación de protocolos de seguridad y la determinación de las causas de la deflagración.
“Resulta indispensable una supervisión integral de las condiciones de seguridad de la infraestructura para prevenir riesgos que afecten a las comunidades, evitar daños personales y mitigar impactos ambientales, adoptando medidas inmediatas que impidan hechos similares”, señaló la entidad.
La emergencia energética marca un momento crítico para el sistema de gas natural en el país, mientras las autoridades trabajan en restablecer progresivamente el suministro sin comprometer la seguridad de la población ni la estabilidad del servicio eléctrico.
