Una sentencia del Primer Juzgado Civil de Tarapoto ordenó a la Municipalidad Provincial de San Martín abstenerse de promover modificaciones de zonificación que afecten la laguna Ricuricocha. La decisión judicial marca un precedente para la protección de áreas naturales frente a proyectos de expansión urbana.

El Poder Judicial declaró fundada una demanda de amparo y ordenó proteger la laguna Ricuricocha en San Martín. El fallo impide futuros cambios de zonificación que afecten el humedal.

Por Stakeholders

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La protección de la laguna Ricuricocha, ubicada en la región San Martín, recibió un importante respaldo judicial. El Primer Juzgado Civil de Tarapoto declaró fundada una demanda de amparo y emitió una sentencia preventiva que impide futuros intentos de urbanización o cambios de zonificación que afecten este espacio natural.

La resolución dispone que la Municipalidad Provincial de San Martín no vuelva a impulsar medidas que comprometan la intangibilidad de la Zona de Conservación y Recuperación Ecológica (Zocre) de Ricuricocha. En caso de incumplimiento, las autoridades podrían enfrentar multas progresivas, destitución e incluso responsabilidades penales.

El origen del conflicto en la laguna Ricuricocha

El proceso judicial surgió tras la aprobación de la Ordenanza Municipal N.° 022-2025-MPSM, que autorizaba una propuesta de planificación sobre terrenos ubicados en el sector Ricuricocha, vinculados al proyecto inmobiliario Prana Lagoons, promovido por la empresa Franquicia Ciudapolis S.A.C.

La demanda fue presentada por la Asociación Ecoguerreros del Perú y del Mundo, que argumentó que la medida representaba una amenaza para el derecho colectivo de la población a disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado para la vida.

Aunque durante el proceso la ordenanza fue posteriormente derogada, el juzgado determinó que correspondía emitir un pronunciamiento de fondo para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

La sentencia destaca la aplicación de los principios de la llamada “Constitución Ecológica”, sustentados en los artículos 66 al 69 y en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Según el fallo, las autoridades tienen la obligación de prevenir y reparar cualquier afectación a espacios naturales protegidos.

El Poder Judicial concluyó que los gobiernos locales no pueden utilizar facultades urbanísticas para reducir áreas ecológicas ni alterar su condición natural.

Según el fallo, el crecimiento urbano no puede desarrollarse a costa de fuentes de agua ni de ecosistemas protegidos, criterio que refuerza la protección jurídica de la laguna para las futuras generaciones.

Organizaciones buscan ampliar la protección a otros humedales

Para Iván Rojas García, representante de Ecoguerreros, la resolución constituye un referente para futuras acciones de conservación.

El dirigente manifestó a un medio local, que la sentencia deja claro que ninguna autoridad puede impulsar medidas que vulneren el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y equilibrado. También adelantó que la organización continuará con otras acciones legales vinculadas al caso.

Además, anunció que utilizarán este precedente para promover mayores medidas de protección en otras lagunas de la región, entre ellas Jatuncocha, Totoroyacu y Andiviela.

La decisión judicial consolida a Ricuricocha como uno de los principales casos recientes de defensa ambiental en San Martín. El fallo no solo detiene posibles cambios urbanísticos en el área, sino que también recuerda a las autoridades la obligación de respetar las normas ambientales y garantizar que los procesos de planificación territorial incorporen criterios de sostenibilidad y participación ciudadana

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