La crisis golpea especialmente al transporte urbano, mientras el Gobierno y el Congreso son señalados como responsables morales de la falta de acción frente al crimen.

La inseguridad ciudadana ya es el principal problema del país según el INEI.
La inseguridad ciudadana ya es el principal problema del país según el INEI.

Por Stakeholders

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El Perú atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad ciudadana. Entre enero y agosto de 2025, se reportaron más de 2,200 denuncias mensuales por extorsión, siete veces más que la registrada antes de pandemia.

Según el INEI, la delincuencia ya es considerada el principal problema nacional por el 64 % de los peruanos, superando a la corrupción y el desempleo. La expansión de las extorsiones, refleja el deterioro de la seguridad pública y la falta de respuestas efectivas del Estado frente a un fenómeno que se ha vuelto estructural.

Extorsiones se disparan en Perú: transporte urbano entre los más afectados

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 64 % de los peruanos considera que la delincuencia es hoy el principal problema del país, por encima de la corrupción y el desempleo.

En solo tres meses, este indicador creció cinco puntos y alcanzó su nivel más alto desde el 2016. Mientras la percepción de robo en viviendas o vehículos ha disminuido ligeramente, el temor a ser víctima de extorsión se ha disparado: el 28 % de la población cree que podría sufrir este delito, seis puntos más que antes de la pandemia.

El fenómeno también se refleja en el comportamiento digital. Las búsquedas por el término “extorsión” en Google se multiplicaron por 4.5 desde 2019. A nivel regional, La Libertad concentra la mayor tasa de denuncias, 143 por cada 100 mil habitantes, casi tres veces el promedio nacional (54).

En Lima Metropolitana, el incremento ha sido del 53 % respecto al año anterior, con distritos como Cercado de Lima, La Punta y Chaclacayo entre los más afectados.

El transporte urbano ha sido uno de los sectores más golpeados. De acuerdo con el INEI, el 83 % de los usuarios percibe el transporte público como un entorno inseguro, solo superado por los cajeros automáticos.

Esta situación afecta principalmente a los sectores populares, donde el 76% depende de combis o buses y el 11% de colectivos para desplazarse. En contraste, casi la mitad del nivel socioeconómico A utiliza automóvil propio (47%).

El impacto no es solo emocional. Las empresas de transporte han aumentado las tarifas ante el alza de extorsiones, generando una inflación del 2.5 % en los pasajes urbanos de Lima Metropolitana en septiembre de 2025, más de cinco veces el promedio de los últimos 12 meses.

Esto ocurre incluso cuando los precios de los combustibles han caído —gasolina regular (-7.3 %) y premium (-8.4 %)—, lo que evidencia que el factor inseguridad está encareciendo el costo de vida.

El problema, además, tiene implicancias económicas más amplias. Según el Banco Mundial, el 9.3 % de las empresas peruanas ya considera el crimen como su principal obstáculo, superando el acceso a financiamiento (3.8 %) y duplicando el nivel registrado en Colombia (4.6 %).

Frente a este panorama, analistas advierten que la crisis de inseguridad no puede desvincularse de la crisis política. El texto subraya que tanto el Ejecutivo como el Congreso son moralmente responsables de buscar consensos reales para enfrentar el avance del crimen. “

La inestabilidad política y la falta de liderazgo técnico solo han permitido que el crimen organizado se expanda”, advierte el documento.

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