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Entrevista: Ex alcalde provincial de Abancay, Marco Gamarra Samanéz, opina sobre la situación de ingobernabilidad que se vive en Apurimac después de 8 días…

  
Entrevista: Ex alcalde provincial de Abancay, Marco Gamarra Samanéz, opina sobre la situación de ingobernabilidad que se vive en Apurimac después de 8 días de paro y de protestas contra el presidente regional.
 
Christian Reynoso
¿Cuál es la situación que se vive en Abancay tras las protestas contra el presidente regional?
Estamos en una situación bastante crítica, por cuanto las organizaciones, los colegios profesionales, los agentes de desarrollo, han manifestado su adhesión a la medida de lucha. Inicialmente tenían una posición distante pero ahora, de acuerdo a los comunicados que he podido escuchar, se han aunado a la protesta. Esta medida que empezó en Abancay ahora se ha extendido al resto de las provincias, a excepción de Andahuaylas y Chincheros. Las acciones de bloqueo se han radicalizado afectando a las actividades y al tránsito vehicular.
Se acusa al presidente regional David Salazar de favorecer a la provincia de Andahuaylas con mayor presupuesto, no obstante es para la construcción de un hospital que ciertamente hace falta en esta provincia. ¿Qué opina?
Lo que sucede es que hay una percepción de arbitrariedad y autoritarismo en el sentido de favorecer a una provincia, en desmedro de una distribución equitativa de los presupuestos de la región, a pesar de que esto podría ser bien justificado porque un hospital es un hospital, la importancia nadie se la va a quitar. Sin embargo, es el hecho mismo de que haya sido una decisión unilateral arbitraria y no haya sido consultada.
Se ha hablado de que no se han respetado los acuerdos del presupuesto participativo. En todo caso, cómo ha sido el funcionamiento de este proceso.
En principio me parece muy interesante que en la protesta de Abancay se está reivindicando el presupuesto participativo, que es un espacio de ejercicio democrático de asignación y distribución presupuestal. En la plataforma de lucha se exige el reconocimiento del acta y la distribución del total del presupuesto -132 millones de soles- asignado al gobierno regional para el año 2010.
 
En el presupuesto participativo no estuvo previsto que el 70% del presupuesto sea destinado a Andahuaylas?
No, para nada, sólo correspondía el 17%. Lo que ha sucedido es que originalmente el techo presupuestal para el próximo año era de 78 millones de soles, sin embargo hubo un incremento promedio de 61 millones con nombre propio para el hospital que fueron sumados al presupuesto regional. Entonces eso no es percibido adecuadamente.
¿Es este el único punto de la agenda de la protesta?
Fundamentalmente este es el tema central pero sobre ello ya se puede observar un poco de orgullo político, por decirlo de alguna manera, ya que el problema ha trascendido ahora al pedido de destitución o vacancia del presidente regional por asumir una posición inequitativa y autoritaria. Así, ahora el problema va por dos puntos concretos: La redistribución y el respeto de los porcentajes de distribución del presupuesto regional y la vacancia o renuncia del presidente regional.
En un medio nacional ha salido la noticia de que el presidente regional ya habría sido vacado y que incluso el vicepresidente ya habría asumido la presidencia.
Es un tema complicado. En Abancay y el resto de provincias, a excepción de Andahuaylas y Chincheros, prácticamente se ha deslegitimado el reconocimiento de la autoridad de David Salazar e incluso muchos de los trabajadores y funcionarios del gobierno regional. Por otro lado, desde el punto de vista legal no se ha desarrollado el procedimiento que la ley establece para reconocer al vicepresidente como nueva autoridad.
Para el día de hoy se espera una movilización en Andahuaylas porque hay el rumor de que ya no se concretará la construcción del hospital. Incluso se teme un enfrentamiento entre las poblaciones de ambas provincias.
Es un rumor que no debería ser tan cierto ya que el presupuesto estaría garantizado por lo menos para la ejecución el próximo año no obstante que todavía tendría que pasar por todo el proceso administrativo que implica un licitación de la magnitud que requiere la construcción de un hospital. Ahora, desde mi posición como ciudadano y ex autoridad, estoy planteando que se genere un espacio social en el que empecemos a reconstruir el diálogo sobre la base de la  firma de un pacto social, de lo contrario esto podría terminar peor.
¿Cómo ha sido la actuación del gobierno nacional y de otras instituciones como por ejemplo la Defensoría del Pueblo? ¿Han intervenido en el objetivo de solucionar el problema?
La verdad no he percibido ninguna actuación contundente de las instituciones tutelares. La Defensoría del Pueblo inmediatamente hubiera convocado a las partes para empezar un proceso de negociación, pero no lo ha hecho. Otras instituciones tampoco han intervenido, ni siquiera la propia Iglesia, ni el gobierno nacional. En un comunicado el Premier Velásquez Quesquén dijo que este era un problema regional y que debía resolverse internamente, lavándose las manos. Eso nos da una lectura, que nuestra institucionalidad es precaria, frágil y está muy debilitada con una ausencia de liderazgo. Nadie asume las cosas, al punto de que, toda la responsabilidad y la vida y seguridad de mucha gente está en función de dos o tres dirigentes que ni siquiera argumentan con claridad una plataforma contundente de lucha y que seguramente están más preocupados por ganar protagonismo en vista de las próximas elecciones.
¿A qué organización pertenecen estos tres dirigentes?
Son del Frente de Defensa de Apurímac que no es una organización legitimada ni sólida que integre a bases, que esté legalmente constituida. Sólo tiene nombre y su capacidad de convocatoria está en movilizar en torno a un hecho muy concreto.

 

Fuente:
Contenido:Noticia SER.
Imagen:Noticia SER.







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