Por Stakeholders
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Perú se encamina hacia las elecciones presidenciales de 2026 en un contexto marcado por la desconfianza y la polarización. Aunque el sistema de voto físico y el conteo manual ofrecen cierta solidez frente a manipulaciones directas, el ecosistema digital que respalda la comunicación institucional y la difusión de resultados mantiene vulnerabilidades que podrían afectar la percepción pública del proceso.
Un ataque informático no necesariamente alteraría los votos, pero sí podría retrasar la publicación de resultados, filtrar información sensible o amplificar la desinformación. Estos factores inciden directamente en la confianza ciudadana, un elemento crítico en cualquier proceso electoral.
¿Qué tipos de ciberataques pueden afectar las Elecciones 2026 en Perú?
La magnitud del riesgo se refleja en las cifras; durante la primera mitad de 2025 se registraron más de 748 millones de intentos de ciberataques en el país, mientras que en América Latina se contabilizaron más de 374 mil millones de eventos maliciosos, según FortiGuard Labs.
Estos datos evidencian que los actores maliciosos aprovechan contextos de alta exposición, como los comicios, para maximizar el impacto de sus acciones.
En este escenario, Tomás Fernández, vocero de ITQ Latam, identifica cinco riesgos críticos; ataques dirigidos contra instituciones electorales mediante phishing, intrusiones o ransomware, manipulación del ecosistema digital a través de redes de desinformación coordinadas, explotación de datos personales para influir en segmentos específicos de la población, uso de inteligencia artificial para generar contenidos falsos o “deepfakes”, y la posible caída de portales institucionales que retrase la entrega de resultados.
Diversos informes internacionales, como los de Freedom House y el Foro Económico Mundial, coinciden en que la mayoría de ataques en procesos electorales no busca modificar directamente los votos.
Su objetivo es sembrar dudas, desacreditar instituciones y moldear la opinión pública mediante rumores o información falsa. Esta estrategia resulta más rápida, económica y efectiva que intervenir sistemas complejos.
Desde el sector privado, la ciberseguridad se plantea como un componente clave para proteger la integridad del proceso; “En un contexto electoral, la ciberseguridad no solo protege sistemas, sino también la confianza ciudadana. Nuestro reto es acompañar a las instituciones peruanas con soluciones que prevengan ataques que garanticen transparencia. La inversión en talento local y tecnología es nuestra apuesta para que el Perú enfrente con solidez los desafíos de 2026”, señaló Yhoenny López, gerente comercial de ITQ Perú.
La región aún presenta brechas en inversión y coordinación, lo que obliga a fortalecer la articulación entre sector público, empresas y sociedad civil.
En este contexto, compañías como ITQ Latam, que ha consolidado su operación en el país con una inversión de 1,5 millones de dólares, buscan posicionarse como aliados estratégicos para proteger infraestructuras críticas.
A medida que se acerca el proceso electoral, la seguridad digital se convierte en un factor determinante. La transparencia no dependerá únicamente del conteo de votos, sino también de la capacidad del país para blindar su ecosistema informativo frente a amenazas cada vez más sofisticadas.
