Por Stakeholders
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A un mes del derrame de Talara, el impacto persiste. El 21 de diciembre del 2024, un derrame de petróleo durante maniobras de Petroperú en la Refinería de Talara contaminó más de 10,000 metros cuadrados de mar y 10 kilómetros de costa. Los ecosistemas marinos de playas como Las Capullanas y Cabo Blanco resultaron gravemente dañados. Pese a los esfuerzos de limpieza, las denuncias de las autoridades locales y los pescadores indican que la contaminación continua, afectando tanto la biodiversidad como las economías locales.
Alex Uriarte, director de la Dirección de Supervisión Ambiental de OEFA, declaró que aún hay residuos de hidrocarburos en la zona. “La medida inicial ordenada a Petroperú fue incumplida, lo que justificó la multa de 36 UIT (S/192,600.00). Seguimos verificando el cumplimiento de las restantes”, explicó.
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Daño ambiental y deficiencias en la respuesta
El alcalde de Lobitos, Ricardo Bancayán, denunció que la limpieza se ha limitado a las playas superficiales, dejando sin tratar el fondo marino, donde el impacto es más severo. Crítico de la gestión de Petroperú, acusó al gerente general, Oscar Vera, de apresurarse al declarar limpia la zona afectada. Bancayán calificó la afirmación como “una estrategia para desviar la atención”.
La fauna marina también ha sufrido pérdidas irreparables. Tortugas laúd, peces y otras especies han muerto debido a la toxicidad del crudo, comprometiendo la sostenibilidad ecológica a largo plazo.
Jesús Llenque, presidente de la Asociación de Pescadores de Cabo Blanco, lamentó la falta de un plan de contingencia eficaz. “Petroperú no tuvo previsión desde el primer día”, declaró, señalando que los pescadores han perdido su sustento. También los hoteleros y otros negocios turísticos reportan cancelaciones, agravando la crisis económica de la región.
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Historial de multas y cuestionamientos a Petroperú
El OEFA ha impuesto multas a Petroperú por un total de más de S/360 millones debido a infracciones ambientales, la mayoría relacionadas con el Oleoducto Norperuano.
Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), de esta cifra, 36.552,22 UIT (cerca de S/188 millones 442.933) son sanciones firmes, mientras que 34.633,34 UIT (aproximadamente S/178 millones 162.711,30) están en proceso de impugnación. Pese a ello, las acciones correctivas parecen insuficientes ante la magnitud del daño recurrente.
