Por Stakeholders
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Un nuevo derrame de petróleo en la región de Loreto, a la altura del kilómetro 12 del ramal norte del Oleoducto Norperuano, ha contaminado el río Pastaza y afectado a cuatro comunidades indígenas, entre ellas Nuevo Porvenir, Andoas y Los Jardines. El incidente, ocurrido el 3 de octubre de 2024, amenaza con expandirse a otras áreas, lo que ha despertado la preocupación de las comunidades afectadas y de diversas entidades de control.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ya se encuentra en la zona para evaluar el impacto y determinar las responsabilidades del operador, Petroperú. Sin embargo, las comunidades señalan que la situación es crítica y que el derrame es solo la última manifestación de décadas de contaminación petrolera en la región. Ellos han exigido la declaración de emergencia ambiental y sanitaria y dieron un ultimátum de 48 horas al Ejecutivo para que los titulares de los ministerios competentes acudan al lugar.
Este evento subraya un problema recurrente: la falta de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades y las empresas operadoras. Aunque Petroperú ha enviado un equipo de contingencia para controlar el derrame, las comunidades denuncian que las acciones no han sido suficientes para mitigar los daños.
Además de la contaminación del agua, que afecta tanto el consumo humano como la pesca, la situación plantea un grave riesgo para la biodiversidad de la Amazonía peruana. El derrame, si no se controla rápidamente, podría expandirse río abajo y afectar a más comunidades, comprometiendo no solo la salud de las personas, sino también su modo de vida tradicional.
Este nuevo desastre reaviva el debate sobre la vulnerabilidad de las regiones amazónicas ante las actividades extractivas y la necesidad de implementar políticas de protección ambiental más rigurosas.
