Por Stakeholders
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El Perú enfrenta una crisis ambiental que continúa empeorando a pesar de contar con un marco normativo diseñado para proteger sus recursos naturales. Cada año, la Amazonía peruana pierde miles de hectáreas debido a la minería ilegal, mientras que la tala y el tráfico de fauna silvestre también siguen en aumento. La falta de una respuesta efectiva por parte del Estado pone en peligro tanto la biodiversidad como la salud humana.
La minería ilegal, la tala no autorizada de bosques, el tráfico de especies y la contaminación de ríos son algunos de los delitos ambientales más graves que afectan al país. Según un informe de Comex, entre 300,000 y 500,000 personas participan en actividades mineras informales, aunque solo 18,561 están formalizadas. Esta actividad destructiva ha generado deforestación masiva, afectando no solo los ecosistemas, sino también la salud de las fuentes hídricas.
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En tanto, el tráfico de fauna silvestre es otro de los delitos más alarmantes. Cada año, se incautan alrededor de 5,000 especies que son comercializadas de manera ilegal, lo que amenaza la supervivencia de numerosas especies emblemáticas de la región. Cabe mencionar que el Perú alberga el 70% de la biodiversidad mundial, y la extinción de estas especies tendría un impacto irreversible en el equilibrio ecológico.
Desafíos para el cumplimiento leyes
Para Daniel Huamán, experto en derecho ambiental, los delitos ambientales persisten debido a la falta de fiscalización efectiva y la corrupción en instituciones clave. “La fiscalización se concentra principalmente en empresas formales, mientras que las actividades informales quedan sin control. Esto crea una gran desigualdad y fomenta la impunidad”, afirma Huamán. Además, la falta de personal capacitado y recursos limita la efectividad de las autoridades.
La corrupción también desempeña un papel fundamental en la perpetuación de estos delitos. Si bien existen leyes y regulaciones para sancionar estos crímenes, el incumplimiento y la falta de sanciones son comunes. Las mafias vinculadas a la minería ilegal y el tráfico de especies siguen operando sin mayores restricciones, lo que dificulta la aplicación efectiva de la ley.
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La educación ambiental como herramienta fundamental
La educación ambiental es una de las claves para combatir la crisis. Huamán destaca que la educación puede sensibilizar a la población sobre el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente y las consecuencias de no cumplir con las leyes. Sin embargo, advierte que la educación por sí sola no es suficiente si no se acompaña de una mayor inversión en fiscalización y de sanciones efectivas.
«Es fundamental fortalecer el sistema normativo y la fiscalización, pero también debemos fomentar una conciencia ambiental que impulse el cambio desde la ciudadanía», concluye Huamán.
