Por Stakeholders
Lectura de:
Miguel Lévano Muñoz
Sociólogo, especialista en conflictos sociales por actividades extractivas.
La campaña electoral terminó y el Perú tiene nuevo presidente. Aunque con un margen pequeño, PPK conducirá el país hasta el 2021. Sus retos son múltiples y uno de los más críticos es la conflictividad social. Para enfrentarlos propuso algunas acciones en su plan e incorporó compromisos en el caminar de la segunda vuelta.
Es un tema crítico donde siete de cada diez de los conflictos son socioambientales, principalmente por la gran y mediana minería e hidrocarburos. Que ha dejado cerca de 300 muertos y 5 mil heridos en 12 años, y puede llegar a costar hasta millones en pérdidas empresariales; además de los costos ambientales y sociales para los miles de pobladores que afectan.
En ese sentido, tomando la experiencia de intervención pública en conflictos y los temas de fondo en las demandas y causas de los conflictos socioambientales, el equipo de PPK debe considerar cuatro aspectos claves:
UNO. Sistemas de gestión de conflictos sociales y de seguimiento de compromisos. Los conflictos van a continuar y el actual gobierno deja de herencia un lote considerable de acuerdos suscritos. La propuesta de PPK, de crear un sistema de prevención y solución de conflictos sociales, debe impulsarse fortaleciendo diálogo y desarrollo.
Esto implica que las poblaciones, cuando estén de acuerdo, puedan ver los beneficios de la extracción de los recursos naturales de sus territorios en sus vidas. Complementado con un Sistema Nacional de Seguimiento de los Compromisos del Estado, que garantice cumplimiento de los compromisos en los tiempos programados, evitando reactivar conflictos.
DOS. Fortalecimiento de la consulta previa y la participación. Reafirmando el derecho y mejorando su implementación, particularmente en minería, para que sea realmente previa, libre e informada. Y mejorando la efectividad de la participación, corrigiendo las normas que la limitan.
TRES. Priorizar el ordenamiento territorial. Tema obviado en la campaña electoral, pero fundamental para ordenar el país y prevenir conflictos. Si no sabemos dónde invertir, nos movemos a tientas. Esto pasa por modificar o eliminar las normas que las limitan, y fortalecer su uso en la planificación estratégica de los territorios.
CUATRO. Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Perú aspira ser parte de la OCDE, para lo cual se le demanda las capacidades y competencias de las instituciones capaces de proteger sus recursos y ambiente, asegurando que las inversiones no generen impactos negativos, sancionando si se ocasionan, y reparando rápidamente el daño.
Todo lo anterior pasa por una condición previa: reconocer que el otro (indígena, campesino o campesina) tiene derechos. Derecho a estar de acuerdo o no, a estar informado bien y en su lengua, a no ser reprimido cuando protesta, a entender que lo que defiende no es sólo tierra, plantas y animales, sino su vida y la de sus hijos e hijas.
