Por Stakeholders
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Los precios internacionales de los alimentos y fertilizantes han llegado a máximos históricos durante el 2022, lo cual ha generado complicaciones en países vulnerables. En el caso del Perú, el panorama se ha traducido en un alza significativa del costo de la canasta básica, que viene afectando más a los hogares de menores recursos.
Un escenario de mayor inseguridad alimentaria se ha vuelto cada vez más probable en el país y exige la adopción de medidas de política focalizadas en aquellos segmentos de la población que no cuentan con los medios necesarios para hacer frente a la coyuntura.
Según expertos, el mundo atraviesa uno de sus mayores episodios inflacionarios de los últimos 14 años, una situación que responde al continuo incremento de las cotizaciones internacionales de alimentos y combustibles desde mediados del 2020, acentuada por la guerra entre Rusia y Ucrania.
El aumento de precios ha sido mayor en productos de los que ambos países son exportadores como el trigo, petróleo y el maíz, de modo que los precios internacionales de alimentos han acumulado un aumento de 25 % en lo que va del año, y los combustibles de 43 % en el mismo periodo.
Una de las repercusiones del alza de los combustibles, ha sido el incremento en los costos de fertilizantes como la urea, que aumentó 3.8 veces su valor en abril del 2022 con respecto a sus niveles prepandemia.
Crisis de fertilizantes
La disponibilidad de algunos fertilizantes en el país ha disminuido drásticamente y perjudicado el rendimiento de los cultivos y limitando la producción de alimentos.
Entre enero y mayo de este año, se han dejado de importar alrededor de 82 mil toneladas de urea mensuales, según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Ante esta situación, los pequeños agricultores han recurrido a alternativas como el uso de fertilizantes naturales, que tienen una oferta limitada y producen menor rendimiento.
Los menores rendimientos y la disminución de los márgenes de ganancia impactan directamente sobre el bienestar de los agricultores, poniendo en riesgo alrededor de 365 mil trabajadores que se mudaron de la ciudad al campo en busca de trabajo debido a la pandemia. Por otro lado, los mayores precios de los productos agrícolas se trasladan a otros productos alimenticios derivados del sector pecuario.
Ante la intensificación del incremento del precio de los alimentos en el mundo, tanto el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) como la organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han advertido sobre la crisis de inseguridad alimentaria.
En el Perú, el problema de la inseguridad alimentaria se ha agudizado en los últimos dos años. Entre 2019 y 2021, el país ha retrocedido seis posiciones en el índice Global de Seguridad Alimentaria elaborado por The Econommist Intelligence Unit. Comparado con los otros países de la Alianza del Pacífico, la seguridad alimentaria no ha logrado recuperarse en 2021 frente al 2020.
Esto se explica por el menor suministro de alimentos y la reducción de la inversión en desarrollo agropecuario. Situación que ya viene afectando a las familias del país.
A nivel nacional, los hogares con niños y adolescentes en el que al menos un miembro presenta déficit calórico se ha incrementado de 31.8% a 34.2% entre el primer trimestre de 2020 y 2022. El menor acceso a una cantidad adecuada de calorías afecta el estado nutricional de los niños, lo cual genera efectos irreversibles sobre su desarrollo físico y cognitivo.
El incremento del precio de los alimentos ocurre en un contexto en el que la pobreza y vulnerabilidad económica se han incrementado por la pandemia y las medidas para combatirla han sido insuficientes.
La tasa de pobreza en el país aumentó de 20.2% en 2019 a 25.9% en 2021, lo que equivale a un incremento de más de 2 millones de personas pobres respecto a lo registrado previo a la pandemia. De esta manera, la pobreza en el país ha retrocedido a niveles similares a los alcanzados en el 2012.
Este escenario responde, en gran medida, a la precarización del mercado laboral. A marzo de 2022, la tasa de subempleo en los últimos 12 meses en las zonas urbanas del país fue de 42.2%, cifra aún por encima de lo exhibido durante los años previos a la pandemia.
Alternativas
La actual coyuntura demanda la adopción de medidas políticas que permitan aliviar la situación de mayor vulnerabilidad económica por la que atraviesan los hogares de menores recursos.
En el caso peruano, se han ejecutado acciones con efectividad limitada para atender a los segmentos más vulnerables de la población, a costa de un alto esfuerzo fiscal. Sin embargo, se ha terminado beneficiando a los hogares de mayores ingresos. Por ello, la respuesta del Estado debe reconfigurarse para evitar que los altos precios de los alimentos y la escasez de fertilizantes generen mayores perjuicios sobre la población más pobre.
El apoyo hacia los hogares que dependen de la agricultura debe enfocarse en atender la potencial pérdida de ingresos que generará la caída registrada en las recientes campañas de siembra, la cual ha sido diferenciada a nivel regional.
