Por Stakeholders
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La expansión de los centros de datos en el Perú avanza en un escenario sin regulación específica ni lineamientos técnicos definidos por el Estado, según el capítulo peruano del proyecto internacional Dirty Data, elaborado por el Environmental Reporting Collective y difundido por el medio La Encerrona. El informe advierte que el crecimiento de esta industria ocurre sin parámetros públicos sobre su impacto ambiental, pese a su alta demanda de recursos.
El reporte señala que actualmente no existe un registro diferenciado de empresas dedicadas exclusivamente a centros de datos. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, estas compañías figuran dentro del rubro general de procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas, que agrupa a más de 330 empresas y más de 3100 personas naturales, sin una clasificación que permita identificar con precisión a los operadores de esta infraestructura.
Crecimiento acelerado sin supervisión técnica
A nivel regional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indicó que América Latina y el Caribe concentran el 4.8% de la infraestructura mundial de centros de datos. De ese total, solo el 0.4% corresponde a instalaciones de gran escala, caracterizadas por su alto consumo energético y uso intensivo de recursos, lo que incrementa la necesidad de supervisión.
Las proyecciones del mercado reflejan un crecimiento sostenido. Según estimaciones de Research and Markets, el mercado peruano de centros de datos pasaría de 130 000 millones de dólares en 2023 a más de 310 000 millones en 2029, con una tasa anual cercana al 15%. Sin embargo, el informe advierte que este avance ocurre en un vacío normativo, sin estándares públicos sobre consumo de energía, agua u otros insumos críticos.
Falta de transparencia en consumo de recursos
El reportaje también revisó información disponible de empresas que operan en el país, como GTD Perú e Internexa Perú S.A., y detectó la ausencia de datos públicos sobre el consumo de agua y energía necesarios para el funcionamiento continuo de estas instalaciones. Aunque ambas compañías reportan certificaciones ISO, estas no incluyen evaluaciones sobre impacto ambiental.
Este vacío de información limita la capacidad de monitoreo y análisis sobre el efecto real de estas infraestructuras en los recursos naturales, especialmente en contextos donde la demanda hídrica y energética resulta cada vez más crítica.
Entidades del Estado sin competencias definidas
Consultadas diversas instituciones, el Ministerio del Ambiente del Perú señaló que no cuenta con información sobre la elaboración de un Plan Nacional de Data Centers ni sobre revisiones técnicas vinculadas a este sector. En la misma línea, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros indicó que no ha desarrollado una política específica para su operación.
Otras entidades también reportaron vacíos. La Autoridad Nacional del Agua del Perú no dispone de registros sobre permisos de uso hídrico otorgados a estas empresas, mientras que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental indicó que esta actividad no se encuentra dentro de sus competencias. Asimismo, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú señalaron no contar con estudios de impacto ambiental ni documentación relacionada con este tipo de infraestructura.
En este contexto, el crecimiento de los centros de datos en el Perú plantea un desafío urgente para la gestión ambiental y la regulación del uso de recursos, en un sector que gana relevancia global impulsado por la expansión de la inteligencia artificial y la digitalización.
