Por Stakeholders
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La Comunidad Andina (CAN) reafirmó su compromiso de combatir la minería ilegal con una estrategia conjunta durante la II Reunión de Alto Nivel Estratégico y la XXXII sesión del Comité Andino de Minería Ilegal, realizadas en Lima. Autoridades regionales coincidieron en que este delito representa una amenaza creciente para la seguridad, los ecosistemas y la economía de la subregión.
En el encuentro, los representantes destacaron la necesidad de fortalecer la investigación, la trazabilidad y la cooperación internacional para frenar las redes delictivas que operan en torno a la extracción ilícita de minerales.
Países de la Comunidad Andina refuerzan cooperación contra la minería ilegal
Representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú reafirmaron su compromiso de enfrentar de manera conjunta la minería ilegal en la región, durante la XXXII Reunión Ordinaria del Comité Andino de Minería Ilegal (CAMI) y la II Reunión de Alto Nivel Estratégico (RANE), realizadas el 20 y 21 de octubre en la Cancillería peruana, en Lima.
Al encuentro asistieron también autoridades de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), así como delegados de UNICRI, UNODC y otras agencias internacionales de cooperación.
La sesión inaugural estuvo encabezada por el secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, quien sostuvo que la lucha contra la minería ilegal “exige acciones concretas, cooperación e innovación para garantizar que los minerales andinos sean fuente de desarrollo sostenible y no de la delincuencia organizada”.
En esa línea, las delegaciones coincidieron en que combatir el avance de esta actividad ilícita requiere fortalecer no solo las capacidades de control, sino también la investigación y la trazabilidad de los recursos.
El viceministro de Seguridad Pública del Ecuador, Jorge Andrés Rivadeneira, en representación de la Presidencia Pro Tempore de la CAN destacó el “firme compromiso de los países andinos para enfrentar la minería ilegal de forma conjunta y coordinada, mediante el Plan de Acción 2025–2030”.
Dicho plan articula estrategias regionales para reducir el impacto económico, social y ambiental de las redes criminales vinculadas al aprovechamiento ilícito de minerales.
Durante la inauguración, la presidenta del Consejo de Administración de UNICRI, Carolina Lizárraga, alertó que los crímenes ambientales como la minería ilegal “son una de las economías ilícitas de mayor crecimiento y amenazan la gobernanza y los ecosistemas”.
Agregó que su institución mantiene un fuerte compromiso con el fortalecimiento de la trazabilidad y la investigación mediante tecnología y cooperación conjunta entre países.
A su turno, el viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Félix Denegri Boza, advirtió que la explotación ilegal de oro y minerales críticos “alimenta redes delictivas organizadas” y representa un problema transnacional que demanda una respuesta articulada. “La cooperación regional en el marco de la Comunidad Andina es clave para fortalecer la lucha frente a esta amenaza”, subrayó.
Las reuniones se realizaron bajo la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal —aprobada mediante la Decisión 774— y en seguimiento del Plan de Acción 2025–2030, que orienta los esfuerzos para mejorar la investigación, promover la cooperación interinstitucional y consolidar mecanismos de trazabilidad de minerales en la subregión.
Las jornadas incluyeron presentaciones técnicas que profundizaron en el carácter multidimensional de la problemática y en las oportunidades para fortalecer la respuesta conjunta.
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