Por Stakeholders
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Desde 2022, el Ministerio de Medio Ambiente de Taiwán puso en marcha un sistema de incentivos para ciudadanos y empresas que sustituyeran coches y scooters de gasolina o diésel por vehículos eléctricos. La estrategia permitió reemplazar 124.798 unidades hasta finales de 2025 y reducir 529.212 toneladas de CO₂ equivalente, en un país de 23 millones de habitantes donde circulan más de 14 millones de scooters.
El transporte por carretera constituye uno de los principales focos de contaminación urbana en la isla. Ante ese escenario, el gobierno diseñó una plataforma pública que conecta a propietarios de vehículos fósiles con programas de sustitución y compensación ambiental.
¿Cómo funciona el programa energético en Taiwan?
Pueden acceder al beneficio personas mayores de 18 años, residentes extranjeros con permiso legal y empresas. El sistema combina subsidios directos con incentivos por reciclaje, reducción de emisiones y compensación de carbono.
En el caso de scooters, cambiar una moto de gasolina por una eléctrica otorga al menos 3.300 nuevos dólares taiwaneses, alrededor de 112 dólares estadounidenses, monto que puede incrementarse según criterios ambientales adicionales.
Para automóviles, sustituir un diésel pequeño o camión ligero por eléctrico genera hasta 16.000 nuevos dólares taiwaneses, mientras que en modelos a gasolina la compensación máxima ronda los 13.000.
Estos incentivos se complementan con ayudas adicionales de ministerios y gobiernos locales, lo que reduce significativamente el costo final para el usuario.
Impacto en el mercado y la transición energética
Un scooter eléctrico en Taiwán cuesta aproximadamente 30.000 nuevos dólares taiwaneses, cerca de 1.060 dólares estadounidenses, mientras que la ayuda máxima puede alcanzar 16.000.
El subsidio representa casi la mitad del salario mínimo mensual, fijado en 29.500 nuevos dólares taiwaneses, lo que convierte al incentivo en un factor decisivo para acelerar la adopción.
La transición también se apoyó en infraestructura existente. Taiwán ya contaba con una red extendida de estaciones de carga e intercambio de baterías, elemento clave para evitar barreras de uso. En apenas tres años, el país retiró cerca de 125.000 vehículos a combustión, una cifra significativa en proporción a su población.
