Las instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles están prohibidas de obligar a los alumnos o a los padres de familia a adquirir textos escolares nuevos o de primer uso o que estén diseñados para un solo uso, según el proyecto de ley aprobado el martes 17 por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.
El dictamen, aprobado por unanimidad por el grupo de trabajo que preside el congresista Renán Espinoza (AP), mejora y precisa los alcances de la Ley 29694, de protección a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o adquisición de textos escolares. Su objetivo es garantizar el derecho de los padres de familia a adquirir libros en las mejores condiciones de calidad y precio, y su uso por varios años.
En ese sentido, la iniciativa aprobada garantiza el derecho de alumnos y padres de familia de adquirir y utilizar textos de segundo uso como fuente de consulta o material de estudio y de trabajo, “sin que ello signifique algún tipo de discriminación de parte de los profesores o autoridades escolares”.
También se precisa que el “Ministerio de Educación es responsable de establecer los criterios e indicadores de calidad de los textos escolares de la educación básica”.
De otro lado, la Comisión aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley que propone ampliar el plazo improrrogable de 10 años para que las universidades del país proceden a titular como contadores públicos a los contadores mercantiles inscritos en el Instituto de Contadores del Perú.
Para ello, se plantea modificar la segunda disposición complementaria, transitoria y final de ley 28951, de actualización profesional del Contador Público.
Asimismo, se aprobó el proyecto de ley que propone incorporar a la Escuela Superior de Formación Artística Pública ‘Carlos Baca Flor’ de Arequipa en los alcances del artículo 99° de la Ley Universitaria, y tenga facultades para otorgar el grado académico de bachiller y los títulos profesionales.