La pota peruana enfrenta un cambio histórico en el escenario pesquero mundial. China ha superado las 500.000 toneladas declaradas de captura de Dosidicus gigas, desplazando al Perú de un liderazgo que mantuvo durante años y abriendo un nuevo frente de tensión económica y geopolítica en el Pacífico sur.
El tema marcará la agenda de la próxima reunión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, programada para el 2 de marzo en Ciudad de Panamá, donde se discutirá por primera vez la necesidad de reglas globales para esta pesquería.
El avance chino no responde únicamente a un incremento en volumen, sino a diferencias regulatorias que generan competencia desigual. Alfonso Miranda Eyzaguirre, presidente de Calamasur, advierte que la flota peruana opera bajo vedas, monitoreo satelital y límites de captura, mientras que la flota china mantiene actividad continua durante todo el año. “No existen reglas homogéneas para todos”, sostiene, al señalar que esta asimetría incrementa la presión extractiva y pone en riesgo la sostenibilidad del recurso.
El debate también se intensificó tras las medidas adoptadas por el Perú para reforzar la fiscalización portuaria. Desde octubre de 2024, el Ministerio de la Producción restableció la obligatoriedad del dispositivo satelital para embarcaciones extranjeras que deseen ingresar a puertos nacionales.
Según Miranda, desde la aplicación de esta norma “no ha reingresado ningún barco chino al territorio peruano”, lo que evidencia un cambio en las rutas operativas de la flota asiática, que ahora utiliza terminales de otros países de la región para continuar sus actividades.
A ello se suman los subsidios estatales otorgados por el gobierno chino, que permiten sostener operaciones industriales incluso en escenarios de sobreoferta. El impacto recae directamente sobre el pescador peruano, especialmente el artesanal. El mercado recibe hasta 1,7 millones de toneladas anuales cuando su capacidad óptima ronda el millón, situación que presiona los precios a la baja y reduce los márgenes de rentabilidad frente a embarcaciones de mayor escala.
La reunión en Panamá se perfila como un punto de inflexión. Países como Estados Unidos, Ecuador, Nueva Zelanda y la Unión Europea impulsan la creación de normas específicas para el calamar gigante, una especie que actualmente opera sin un sistema internacional de cuotas ni monitoreo científico comparable al del jurel o el atún. El sector pesquero advierte que esta ausencia regulatoria aumenta los riesgos ante cambios ambientales.
La preocupación crece ante la posible llegada de un evento de El Niño costero. La industria recuerda el impacto sufrido por la anchoveta en episodios pasados, cuando la falta de regulación oportuna agravó la presión sobre el recurso. “El desafío consiste en trasladar el esquema de la anchoveta, basado en estudios científicos y ajustes de temporada, a la pota”, afirma el representante de Calamasur.
El objetivo, añade, es asegurar un stock suficiente en el mar y limitar la competencia desleal de flotas subsidiadas que utilizan potentes reflectores para atraer el recurso incluso desde el límite de las 200 millas marítimas.
El resultado de la cumbre determinará si la pota avanza hacia un modelo de gobernanza internacional o continúa en un escenario de competencia abierta que amenaza tanto la sostenibilidad del recurso como la estabilidad económica de miles de pescadores en la región.









