Por Stakeholders
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Chile dio un paso clave en la conservación de los ecosistemas marinos al aprobar el plan de gestión de los parques marinos del archipiélago de Juan Fernández. La medida protege de forma efectiva 587.117 kilómetros cuadrados de océano, superficie que equivale a cerca del 16 % de la zona económica exclusiva del país.
El nuevo esquema refuerza un modelo de cogobernanza en el que la comunidad local participa activamente en la vigilancia, el monitoreo y la toma de decisiones. Bajo este enfoque, los habitantes del archipiélago no solo colaboran en la protección del entorno marino, sino que también garantizan la sostenibilidad de sus medios de vida.
Cogobernanza para proteger el océano
Ubicado a más de 600 kilómetros de la costa chilena, el archipiélago de Juan Fernández se ha consolidado como un territorio clave para la biodiversidad oceánica. Con la aprobación del plan de gestión, las áreas protegidas dejan de ser una declaración formal y pasan a contar con mecanismos de control, monitoreo científico y participación comunitaria.
La red de protección incluye el Parque Marino Nazca Desventuradas y el Área de Conservación de Múltiples Usos Mar de Juan Fernández. En conjunto, estas zonas forman uno de los sistemas de conservación marina más extensos del Pacífico suroriental.
El modelo implementado en Juan Fernández destaca por integrar a la población local en la gestión de los recursos marinos. Líderes comunitarios sostienen que las decisiones adoptadas de manera colectiva generan mayor compromiso entre los residentes y facilitan el cumplimiento de las normas de conservación.
Julio Chamorro Solís, presidente de la organización Mar de Juan Fernández, señala que la participación comunitaria forma parte de una tradición histórica de gestión del mar que hoy recibe reconocimiento institucional. “Hoy no solo protegemos el mar, sino que aseguramos nuestra forma de vida”, afirma.
Durante años, la presión de la pesca industrial en montes submarinos cercanos provocó una reducción significativa en varias poblaciones marinas. La creación de áreas protegidas representó una primera respuesta, pero el verdadero cambio comenzó con la implementación de planes de manejo que incluyen monitoreo científico, fiscalización y participación organizada de la comunidad.
Ciencia y conocimiento local para la recuperación de ecosistemas
Los estudios de biomasa realizados en la zona ya muestran señales de recuperación ecológica. Desde 2003, pescadores del archipiélago colaboran con investigadores en la recopilación de datos científicos, integrando el conocimiento tradicional con métodos de monitoreo académico.
Este trabajo conjunto permitió fortalecer la gestión del ecosistema marino y generar información clave para evaluar el estado de las especies y la salud del océano.
En diciembre de 2024 se estableció formalmente el Consejo Local de Gestión, organismo integrado por representantes de la comunidad y diversas instituciones nacionales. Su función es coordinar la administración de las áreas protegidas y asegurar una supervisión permanente.
Marisol Romero, representante del Ministerio del Medio Ambiente, destacó que el proceso desarrollado en el archipiélago se ha convertido en un “laboratorio de gobernanza intersectorial”.
El objetivo principal es evitar los llamados parques de papel, denominación que se utiliza para describir áreas protegidas que existen solo en documentos oficiales sin mecanismos reales de gestión.
Ignacio Petit, representante de la organización Oceana en Chile, señaló que en este caso existe una diferencia clave. Las áreas protegidas cuentan con planes de manejo claros, objetivos científicos y una comunidad comprometida con la conservación.
Respaldo social y vigilancia compartida
El respaldo ciudadano ha sido determinante para el éxito del proyecto. Cerca del 90 % de los residentes de Juan Fernández apoyó los planes de gestión luego de un amplio proceso de consulta y participación comunitaria.
El sistema de vigilancia funciona bajo un esquema de corresponsabilidad. Los habitantes locales actúan como observadores permanentes del territorio marino, mientras que la Armada de Chile y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura ejercen las labores de fiscalización formal.
Paralelamente, la economía local empieza a transformarse. El turismo de naturaleza y la pesca recreativa ganan protagonismo como actividades complementarias, lo que reduce la presión sobre los ecosistemas marinos y fortalece el vínculo entre conservación ambiental y desarrollo económico.
En un contexto global en el que muchas áreas protegidas enfrentan dificultades para implementar mecanismos de gestión real, el modelo aplicado en Juan Fernández emerge como un ejemplo de conservación efectiva basada en ciencia, gobernanza y participación comunitaria.
