Por Stakeholders
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El aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno para frenar la propagación del COVID-19 y las diversas medidas ejecutadas relacionadas al tema laboral han generado diversas opiniones en la población; en ese marco es que IPAE Asociación Empresarial realizó una edición más de #CADEx sobre el “Nuevo marco laboral en la emergencia sanitaria”. Participaron Juan Carlos Requejo Aleman, Viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; Diego Macera, Gerente General del Instituto Peruano de Economía (IPE); y Miguel Jaramillo, Investigador Principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE); quienes coincidieron en que lo principal en esta situación de crisis es cuidar la salud de las personas y de las empresas, y se requiere una estrategia de salida de la cuarenta que controle los riesgos sanitarios y que permita a los ciudadanos realizar sus labores.
Juan Carlos Requejo Aleman, Viceministro de Trabajo, presentó la vulnerabilidad de las empresas y de los trabajadores a raíz de la pandemia. Al respecto, destacó que de las 309 000 instituciones que están registradas en la planilla electrónica, 190 000 corresponden a sectores afectados y, de estas, 116 000 están en sectores que no tienen permiso para operar y tienen un alto riesgo de cierre y pérdida de empleo. De este universo, Requejo detalló que hasta la fecha 7000 empresas han registrado suspensiones perfectas de labores. La mayoría de empresas que optaron por la medida son de los sectores más sensibles: hoteles y restaurantes, comercio y reparación de vehículos, inmobiliarias, manufactura, entre otros.
El funcionario resaltó que la suspensión perfecta es una medida excepcional, y que antes de que una empresa decida aplicarla debe de haber agotado todas las herramientas previas con el trabajador como el uso de las vacaciones, vacaciones adelantadas, reducción de jornadas proporcionalmente a la reducción de la remuneración, entre otras.
“La suspensión perfecta es ingresada a una plataforma que activa de inmediato la inspección del trabajo. Se verificará la afectación económica de la empresa, la remuneración de los trabajadores, la información sobre subsidios de parte del Gobierno y si los puestos suspendidos no han sido reemplazados por otras personas”, comentó Requejo Aleman. “La idea es dar todas las facilidades para la preservación del empleo, pero sin generar abusos que perjudiquen a los trabajadores. En esta etapa complicada implementaremos diversas mesas de trabajo a través de una plataforma digital para acompañar y explicar el nuevo marco laboral”, agregó el viceministro.
Señaló además que desde el inicio del periodo de emergencia se viene buscando preservar el vínculo laboral. En tal sentido, resaltó que se privilegió el trabajo remoto con una norma flexible (frente a la de teletrabajo), y se dispuso que, si no se podía dar el mismo, las empresas debían dar licencia con goce de haber.
A su turno, Miguel Jaramillo, Investigador Principal de GRADE, advirtió que debido a la emergencia nacional se estima se perderá un 20% del empleo formal. Esta cifra, señaló, representa un costo muy alto para el país no solo porque los trabajadores perderán sus remuneraciones, sino porque también se verán afectados otros elementos que acompañan a una empresa como la red de proveedores.
El experto consideró que se debe aplicar un plan que contemple la preservación del vínculo laboral. En ese sentido, se deben continuar los esfuerzos para garantizar un ingreso mínimo de los hogares y considerar al sector informal, que el Estado debe empezar a preocuparse por quienes trabajan en este rubro, sin ninguna protección, y no solo por el empleo formal, para que la formalidad no sea un privilegio.
Destacó la importancia de una estrategia de salida de la cuarentena; enfatizó que se requiere un plan que controle los riesgos sanitarios y permita a las personas realizar sus labores, ya que de lo contrario la gente igual va a hacer sus labores por necesidad.
Por su parte, Diego Macera, Gerente General del IPE, comentó que es necesario dejar de lado algunos paradigmas laborales que el país viene arrastrando desde hace años y consideró que el Gobierno debe contemplar tres campos de batalla en el frente económico.
El primer campo es la liquidez directa a las empresas mediante programas como Reactiva Perú, a fin de preservar cadenas de pagos y la viabilidad de miles de empresas en los siguientes meses. El segundo punto es tener un plan de reactivación económica sectorial para transitar hacia una cuarentena inteligente, donde ciertos sectores operen mediante protocolos rígidos de sanidad. “La paralización entera en un país como el Perú, con una economía informal y familias en pobreza, es económicamente inviable. Ya estamos al límite”, dijo.
Finalmente, el tercer campo es el manejo de costos para las empresas, donde la planilla es el más importante. Se deben establecer medidas para mantener la viabilidad de las instituciones, como las vacaciones adelantadas tras un consenso entre trabajadores y empresarios. “Las medidas laborales, que se tienen que mejorar poco a poco, tienen como objetivo la preservación del empleo formal. No hay empleadores que estén predispuestos a despedir a sus trabajadores que tanto les ha costado reclutar. La protección del trabajador no existe si la protección a la fuente de trabajo no existe”, comentó.
Macera continúo diciendo que “Estamos pagando las consecuencias de no haber tenido un sistema de seguridad social que proteja a estos trabajadores que pierdan su trabajo, que estén en licencia o suspensión perfecta. Estamos construyendo algo con lo que se puede porque no hemos sido capaces de tener un sistema de protección en este tiempo”.
Finalmente, Alejandra Costa, Curadora general del Comité de Lectura y miembro del Comité de CADE Ejecutivos de IPAE Asociación Empresarial, quien fue la moderadora, concluyó que hay que preservar el empleo formal, que es el más difícil en recuperar, y pensar también en el informal, que es cerca del 70% del país y que no tienen la posibilidad de generar ingresos. Así como el tener una estrategia práctica e inteligente de salida de la cuarentena que se adapte a la realidad teniendo como base el cuidar de la salud y evitar el sufrimiento, tanto físico como económico de las personas.
