Durante el segundo día de la 63.ª edición de CADE Ejecutivos, organizado por IPAE Acción Empresarial, se desarrolló la sesión «Seguridad jurídica y justicia para los peruanos. ¿Para cuándo?», un espacio que puso sobre la mesa la urgente necesidad de contar con un sistema judicial independiente, eficiente y confiable como base para el desarrollo económico, la igualdad ante la ley y la confianza ciudadana.
El panel estuvo conformado por Humberto Abanto, abogado principal en Abanto Verástegui Abogados; Natale Amprimo, socio principal de Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados; y Aníbal Quiroga, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia del Congreso y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo.
¿Qué señalaron los líderes de la CADE Ejecutivos 2025 sobre seguridad y justicia?
Durante el encuentro, los especialistas coincidieron en que la falta de seguridad jurídica no solo debilita la confianza institucional, sino que también frena la inversión privada y perpetúa la desigualdad.
En ese contexto, Abanto destacó que antes de plantear una reforma constitucional es necesario “reformar la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Ministerio Público”, y advirtió que “no se puede ser potencia mundial si no se tiene un sistema de justicia que funcione”.
Por su parte, Natale Amprimo centró su intervención en el factor humano dentro del sistema judicial y planteó la necesidad de atraer a los mejores profesionales para ocupar los cargos de jueces y fiscales.
“Así como muchos aspiran a ser parte del Banco Central de Reserva por su prestigio y exigencia, debemos lograr que ser juez sea también una meta profesional codiciada”, señaló. Amprimo enfatizó la importancia de promover una meritocracia real en el Poder Judicial como base de la confianza pública.
A su turno, Aníbal Quiroga hizo un balance crítico del deterioro institucional del sistema judicial peruano durante las últimas décadas. Cuestionó que “muchos puestos judiciales estén ocupados de forma provisoria” y denunció que “hoy las tasas judiciales que pagan los ciudadanos son las que financian el sueldo de los jueces, lo cual es perverso”. El especialista insistió en que sin una estructura sólida y transparente no habrá justicia efectiva ni desarrollo sostenible.
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