Por Stakeholders
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Un juez de Bolivia ordenó «la paralización de toda actividad minera (aurífera) ilegal» en dos de los principales ríos en la Amazonía boliviana, perjudicados por la contaminación de mercurio, informó el último sábado la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP).
La resolución emana de un tribunal de la población de Rurrenabaque, en el departamento amazónico de Beni, tras otorgar la tutela a una acción popular que presentó la entidad indígena a principios de agosto de 2023. El juzgado ordenó «la suspensión de toda actividad minera que no cuente con licencia ambiental», resaltó la CPILAP en un comunicado.
El fallo también estableció que la estatal Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) «cumpla con verdaderos procesos de consulta previa» y la «suspensión de la otorgación de nuevos derechos mineros» en las áreas dañadas.
El recurso judicial se presentó por los pueblos tacana, uchupiamonas, ese ejja, tsimanes y mosetén, agrupados en la CPILAP, que habitan cerca de los ríos Madre de Dios y Beni.
La acción popular estuvo dirigida contra los ministros de Medio Ambiente y Agua, René Méndez, y de Minería, Marcelino Quispe; el director de la AJAM de La Paz, Álvaro Antezana; el gobernador de ese departamento, Santos Quispe, y otros dos funcionarios.
A mediados de agosto de 2023, la corte regional ordenó la paralización de los trabajos mineros como «medida cautelar» mientras se resolvía el fondo del caso que finalmente favoreció a los grupos demandantes.
La paralización de las actividades mineras debe aplicarse en los ríos Madre de Dios, en Pando, y el río Beni, en el límite del departamento del mismo nombre y La Paz, y en cinco de sus afluentes.
El fallo judicial también ordena «la instalación de un puesto de control» para que la AJAM, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana «realicen controles rutinarios» en los ríos para evitar la expansión de la minería ilegal, entre otras acciones.
Con esto «se logró demostrar que la minería ilegal aurífera está afectando negativamente a su derecho a la salud, medioambiente y a la consulta previa libre e informada», destacó la CPILAP.
