La organización solicita que la medida sea “con carácter inmediato” y hasta que los responsables de violaciones de derechos humanos sean procesados.

Enfrentamientos han ocasionado la muerte de 54 personas hasta el momento. Foto: Gobierno del Perú.

La Amnistía Internacional ha solicitado al Gobierno de España suspender “con carácter inmediato” cualquier nueva autorización o envío de material antidisturbios (armas pequeñas y ligeras y munición) a Perú. Según la organización, existe un alto riesgo de que las Fuerzas Armadas y PNP podrían usarlas para cometer graves violaciones de los derechos humanos durante las protestas que se vienen realizando en diferentes puntos de nuestro país.

“Desde hace 5 años, España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea. Hay un riesgo claro de que el material de origen español esté sirviendo para acallar al pueblo peruano de forma violenta e ilegal”, alertó el director de la AI en España, Esteban Beltrán.

De acuerdo a la entidad, desde el año 2017 a junio del 2022, España vendió 4,7 millones en armas ligeras, munición por valor de 2,4 millones y cerca de 1 millón en material antidisturbios.

La carta solicita, además, que se revoque las autorizaciones de material letal y antidisturbios no ejecutadas y se mantenga esta medida hasta que los responsables de violaciones de derechos humanos sean procesados.

Asimismo, Amnistía Internacional plantea que mientras no se adopten estas propuestas, “como mínimo, se apliquen medidas reforzadas de mitigación del riesgo” que recoge el protocolo sobre verificación del uso de las exportaciones de armas aprobado en 2020 por el Gobierno español.

Número de víctimas sigue elevándose

Desde que iniciaron las protestas sociales en diferentes regiones del país, el 7 de diciembre del pasado año, han muerto al menos 54 personas, entre ellas menores de edad, civiles y policías. Asimismo, casi 800 personas han resultado heridas, según la Defensoría del Pueblo.

Para la AI la declaratoria del estado de emergencia, anunciada el 15 de diciembre, no ha demostrado ser una respuesta adecuada a la crisis política y social que enfrenta el país. Por el contrario, Amnistía Internacional, así como otras organizaciones de la sociedad civil, registran que las violaciones a los derechos humanos se han incrementado.

“Las fuerzas militares que son destinadas a desarrollar actividades de mantenimiento del orden público y aplicación de la ley se encuentran obligadas por los mismos estándares que las fuerzas policiales. Esto incluye respetar las normas y regulaciones sobre uso de la fuerza”, precisan.







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