Por Stakeholders
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El especialista no duda en señalar que, en Pataz, el problema trasciende la llamada minería informal. «Lo que enfrentamos no es solo minería fuera de la ley, sino el avance de mafias organizadas que operan con impunidad, atentando contra las empresas y las comunidades,» afirma.
Estas organizaciones criminales no solo controlan los territorios y generan inseguridad, sino que también amenazan la estabilidad de una actividad minera formal que podría ser clave para el desarrollo, como es el caso de compañías importantes presentes en la región, tales como Minera Poderosa, Horizonte y Marsa.
«Estas mafias extorsionan a las empresas, atacan torres eléctricas e instalan terror entre pobladores y trabajadores. Este escenario no solo dificulta el trabajo en la minería formal, sino que también perjudica a las comunidades rurales, quienes muchas veces se ven atrapadas por estas redes ilegales», añade.
En medio de este escenario, el experto identifica algunas oportunidades. Además de señalar que Pataz podría ser ejemplo de cómo consolidar un modelo de desarrollo sostenible si se alinean las estrategias de seguridad del Estado con un compromiso sólido por parte del sector privado para fortalecer la confianza y el bienestar de las comunidades.
El papel de las empresas mineras
Frente a la crisis en Pataz, Aliaga resalta el rol activo que ya vienen asumiendo empresas mineras como Minera Poderosa, Horizonte y Marsa. «Aunque operan en un entorno adverso, estas compañías han demostrado su compromiso con las comunidades de las áreas de influencia. Han impulsado proyectos de infraestructura, educación, salud y desarrollo social que tienen un impacto positivo directo en las zonas donde trabajan,» explica.
No obstante, el Ceo de Grupo Diálogo Consultores, advierte que estos esfuerzos no podrán sostenerse o ampliarse si no se garantiza la seguridad. Por ello, propone un trabajo conjunto: «Las empresas mineras no solo están llamadas a invertir en programas sociales, sino que deben trabajar como aliadas estratégicas del Estado, promoviendo canales de diálogo con las comunidades y apoyando iniciativas que impacten directamente en la formalización y el bienestar.»
«Aunque operan en un entorno adverso, estas compañías han demostrado su compromiso con las comunidades de las áreas de influencia».
Un aspecto que destaca es cómo estas inversiones a nivel comunitario son un antídoto ante las redes criminales, al ofrecer oportunidades reales de empleo, acceso a educación y otras mejoras que desalientan a las poblaciones locales de involucrarse en actividades ilícitas.
Compromiso conjunto
Según Aliaga, la solución para transformar Pataz debe ser articulada y equilibrada. En sus palabras, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y recuperar el control del territorio. Sin un entorno seguro y reglas claras, todo esfuerzo de las empresas puede resultar insuficiente, ya que la protección de la inversión privada es fundamental para garantizar un impacto positivo en las comunidades.
Entre las medidas que propone se encuentra un plan estratégico de inteligencia y acción liderado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para desarticular las mafias. Este esfuerzo de seguridad debe complementarse con acciones basadas en tres pilares fundamentales.
El primero es el fortalecimiento del diálogo y la cooperación con las comunidades locales, lo que implica construir relaciones de confianza entre las empresas y los líderes sociales para alinear objetivos en favor del desarrollo sostenible. El segundo es la inversión social y la formalización minera, que deben promover programas educativos, de salud e infraestructura mientras se avanza en la incorporación de pequeños mineros al entorno formal. Por último, se requieren alianzas público-privadas que faciliten el diseño de políticas públicas enfocadas en incentivar la inversión sostenible y proteger las comunidades más vulnerables.
Advertencia ante la inacción
Aliaga es enfático al destacar lo que podría suceder si no se actúa a tiempo: «El costo de la inacción será altísimo, no solo para las empresas mineras, sino para el Perú entero,» dice. Según su análisis, la inacción permitiría a las mafias seguir consolidando su poder, aumentando el riesgo de que se repita una situación similar a los episodios más oscuros de la historia reciente del Perú, cuando el terrorismo asolaba varias regiones del país.
«Perderíamos riqueza mineral, pero también vidas humanas, inversión nacional e internacional, y la confianza en nuestras instituciones,» sostiene. Esta advertencia refuerza la necesidad de tomar decisiones rápidas y contundentes.
Visión esperanzadora para Pataz
A pesar de los desafíos, el especialista se muestra optimista en cuanto al potencial de Pataz. Sostiene que esta región, si es bien gestionada, puede convertirse en un ejemplo de cómo la minería formal puede ser el motor de desarrollo económico, social y territorial.
«La minería formal tiene la capacidad de transformar realidades complejas, como la de Pataz. Pero este proceso solo será posible si el Estado, las empresas y las comunidades trabajan de manera articulada, poniendo la seguridad, el desarrollo social y la protección de la inversión como prioridades,» concluye Javier Aliaga.
Una oportunidad
El caso de Pataz es un reto, pero también una oportunidad para demostrar que los modelos de responsabilidad social empresarial pueden marcar la diferencia en contextos adversos. La minería formal, con su enfoque sostenible y su capacidad de inversión, junto con un Estado decidido y comunidades activas, puede ser la clave para escribir un nuevo capítulo en el desarrollo del país.
