Por Stakeholders
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La minería ilegal se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos y sociales del Perú. Las denuncias y operaciones vinculadas a esta actividad han crecido exponencialmente en los últimos años.
Entre 2020 y 2024, el Ministerio Público registró un aumento de casos de 800 a más de 2,500 a nivel nacional. Madre de Dios, La Libertad y Puno concentran la mayor cantidad de denuncias. En distritos como Pataz (La Libertad), los casos se multiplicaron por 36 desde 2020. Inambari (Madre de Dios) triplicó sus cifras, mientras que Ananea (Puno), que antes no reportaba actividad, ya acumula 38 denuncias hasta julio de 2025. Estos datos evidencian la expansión territorial de la minería ilegal.
El impacto también se refleja en las exportaciones. Entre 2019 y 2025, el número de exportadores mineros casi se triplicó. Puno lidera este crecimiento, al pasar de 91 a más de 1,000 empresas, y actualmente concentra el 73 % de los exportadores del país. Además, la región presenta un consumo de combustible atípico: la densidad de estaciones de servicio triplica el promedio nacional, lo que sugiere un soporte logístico para esta actividad ilícita.
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El sistema financiero también muestra señales preocupantes. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que más del 80 % de las operaciones sospechosas vinculadas a minería ilegal en la última década se dirigieron hacia India y Emiratos Árabes Unidos. Estos destinos, que en 2014 apenas recibían el 3 % de las exportaciones de oro, hoy concentran el 48 %. Solo entre enero y junio de 2025, se registraron en promedio 114 reportes mensuales, con montos superiores a los 410 millones de dólares.
Por último, se revela que el 42 % de las personas naturales reportadas tiene menos de 35 años, lo que evidencia el reclutamiento de población joven en estas redes. Además, el 76 % de las empresas vinculadas no supera los tres años de antigüedad.
