Por Stakeholders
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Tras el hallazgo de los cuerpos de 13 mineros asesinados en el distrito de Pataz, región La Libertad, el Gobierno ha decretado una serie de medidas excepcionales para recuperar el control en una zona que hoy es sinónimo de violencia, impunidad y colapso del Estado. En un mensaje dirigido al país, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció este domingo la imposición de un toque de queda en la provincia, así como la suspensión de todas las actividades mineras por 30 días, en un intento por contener el avance del crimen organizado.
«Ante el execrable asesinato de 13 compatriotas, el Estado no puede ni va a permanecer indiferente. Vamos a restablecer el orden con absoluta firmeza», declaró Boluarte. La mandataria también informó que las Fuerzas Armadas asumirán el control territorial de Pataz en las próximas 48 horas, e instalarán una base militar permanente en la zona para garantizar una presencia estatal sostenida.
Un Estado rebasado y una respuesta tardía
La reacción del Ejecutivo ocurre luego de una semana de indignación nacional, marcada por denuncias de inacción de las autoridades frente al secuestro y posterior ejecución de los mineros. Familiares de las víctimas acusaron públicamente a la Policía Nacional de ignorar las pistas que ellos mismos les habían proporcionado. Incluso afirmaron que el video de la ejecución —en el que se ve a los trabajadores semidesnudos, maniatados y siendo ejecutados con disparos al cuello— fue entregado a las autoridades días antes del hallazgo de los cuerpos, sin que ello generara una intervención inmediata.
Suspensión minera y cuestionamiento al REINFO
Uno de los anuncios más importantes fue la suspensión de toda operación minera en Pataz, incluyendo aquellas en proceso de formalización a través del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), señalado por gremios empresariales como un mecanismo que ha sido utilizado por mineros ilegales para encubrir sus actividades ilícitas.
«Esta paralización busca facilitar el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como reestructurar la presencia del Estado en el distrito», señaló la presidenta.
La medida ha sido respaldada por el sector empresarial formal, aunque también se teme que afecte a trabajadores que sí operan dentro del marco legal. Tanto la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) como la Confiep han exigido desde hace tiempo un plan integral para enfrentar la minería ilegal, que asegure el desmantelamiento de las bandas que hoy imponen el terror en regiones como La Libertad.
Poder Ejecutivo pedirá facultades legislativas
Boluarte también adelantó que solicitará al Congreso la delegación de facultades legislativas para impulsar normas que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado, al que denominó «terrorismo urbano». La iniciativa buscará endurecer el marco legal para enfrentar a organizaciones criminales que han tomado el control de territorios ricos en oro, imponiendo extorsiones, secuestros y asesinatos.
«Estos actos criminales no solo enlutan al país, sino que amenazan con descomponer el tejido social. No vamos a permitir que se consoliden enclaves criminales en el Perú», sentenció la presidenta.
Presencia de autoridades clave
Durante la reunión de emergencia celebrada este domingo en Palacio de Gobierno, participaron figuras clave del Ejecutivo y de las fuerzas del orden, entre ellas el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; el ministro del Interior, Julio Díaz; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General David Tejada; y el director general de la Policía Nacional del Perú, General Víctor Zanabria. También asistió el gobernador regional de La Libertad, César Acuña.
El consenso entre los presentes fue claro: la situación en Pataz es insostenible y requiere medidas excepcionales que se apliquen con rapidez y contundencia.
Un llamado a la justicia y a la acción sostenida
La masacre de los 13 mineros ha puesto nuevamente sobre la mesa la fragilidad del Estado peruano frente a las economías ilegales. En menos de una década, regiones como La Libertad han pasado de ser polos de inversión minera a zonas liberadas donde impera la ley del más fuerte.
El anuncio del Gobierno marca un punto de inflexión, pero también deja múltiples interrogantes: ¿por qué se permitió llegar a este nivel de violencia?, ¿qué rol han jugado las demoras y omisiones de las autoridades?, ¿serán suficientes estas medidas o volverá a imponerse la impunidad?
Mientras tanto, los cuerpos de los trabajadores asesinados están siendo trasladados a la morgue de Trujillo para su identificación. Sus familias, que durante días buscaron respuestas, hoy exigen justicia, pero también garantías de que este horror no se repita.
