Por Osmaro Villanueva
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La tragedia que estremeció al país tiene nombre, rostros y una dolorosa certeza: el Estado no está presente donde más se le necesita. Trece mineros fueron encontrados sin vida al interior de un socavón en Pataz, La Libertad, luego de haber sido secuestrados por bandas criminales vinculadas a la minería ilegal. El hallazgo, ocurrido nueve días después de su desaparición, no solo revela el poder impune de las mafias en el nororiente peruano, sino también la absoluta inoperancia del Gobierno y de las fuerzas del orden.
La minera Poderosa confirmó, mediante un comunicado, que los cuerpos hallados eran de trabajadores de su contratista R&R. Todos presentaban signos de tortura, estaban maniatados, vendados, desnudos y con disparos ejecutados a la altura del cuello. Según fuentes policiales citadas por RPP, fueron asesinados en el mismo lugar donde fueron secuestrados. La crudeza del crimen no solo ha causado indignación, sino también un clamor nacional por justicia y por una acción real frente al crimen organizado en zonas mineras.
Un territorio sin ley
La provincia de Pataz, enclavada en la sierra de La Libertad, vive bajo el control de economías ilegales, pese a encontrarse en estado de emergencia. La minería informal —muchas veces con vínculos al narcotráfico y al sicariato— ha convertido la zona en un campo de guerra donde el Estado brilla por su ausencia.
Poderosa denunció que ya suman 39 los trabajadores, mineros artesanales y colaboradores asesinados en este mismo contexto. Las bandas criminales, algunas de ellas encabezadas por alias como “Cuchillo”, operan con armamento de largo alcance, secuestran por rescate y ejecutan con total impunidad.
Uno de los familiares de los mineros asesinados sostuvo, en entrevista con Exitosa, que las autoridades sabían desde el primer momento dónde se encontraban los secuestrados, pero nunca actuaron. «Nosotros sabíamos que estaban ahí, lo dijimos desde el comienzo. Fueron asesinados la noche del secuestro. La Policía nunca nos hizo caso», afirmó entre lágrimas.
Un video, entregado por los propios familiares a la Policía, muestra los momentos previos a la ejecución. En él se ve cómo las víctimas, desnudas y atadas, son asesinadas una a una con disparos al cuello. El material habría estado en manos de los deudos dos o tres días antes del hallazgo oficial. Esto ha incrementado las sospechas de negligencia y desinterés por parte de las autoridades.
¿Quién ordenó la masacre?
Según el programa Cuarto Poder, las investigaciones apuntan a dos organizaciones criminales como responsables de la masacre. Por un lado, estaría la banda de “Cuchillo”, quien exigió un rescate de cuatro millones de soles por la liberación de los mineros, aunque nunca se concretó una negociación. Detrás de él, se encuentra la temida banda trujillana Los Pulpos, señalada por diversos crímenes en el norte del país.
Además, recientes detenciones podrían abrir nuevas pistas. Ebert Quispe Hoyos (28) y José Elías (21) fueron capturados el mismo día en que se conoció el asesinato, portando armamento de guerra. A esto se suman informes preliminares de Perú21 que no descartan la posible participación de policías y militares en retiro, lo que agrava aún más el nivel de infiltración del crimen en el aparato estatal.
Dolor y rabia en La Libertad
Las víctimas fueron identificadas por sus familiares en la morgue de Trujillo. Eran jóvenes en su mayoría, provenientes de distintas regiones del país, que migraron a Pataz en busca de trabajo. Entre los fallecidos se encontraban Jefry Stiven Padilla Hidalgo, Juan Joel Ñaupari Salva, Yobal Martínez García, Franklin Facundo Inga, Darwin Javier Coveñas Panta, entre otros. Ninguna autoridad del Ejecutivo se hizo presente en el lugar de los hechos.
La empresa R&R, en proceso de formalización, expresó su dolor por la pérdida y exigió acciones concretas del Estado. En tanto, gremios empresariales como Confiep y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) condenaron duramente el crimen y calificaron la zona como “liberada” y “fuera de control”. La SNMPE incluso exigió el fin del Reinfo, el registro de formalización minera que hoy —afirman— “solo encubre a ilegales”.
Estado fallido en Pataz
Lo sucedido en Pataz es más que una masacre: es la evidencia de un Estado fallido en zonas claves. A pesar de estar bajo estado de emergencia, las mafias continúan secuestrando, extorsionando y ejecutando impunemente. Ni el Ejecutivo, ni el Congreso, ni el sistema de justicia han podido contener el avance de estas organizaciones, que hoy controlan no solo el oro, sino también el miedo y la vida en los andes liberteños.
Mientras tanto, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, se quebró en una entrevista al insinuar que él también ha recibido amenazas. Confirmó que se reunió con la presidenta Dina Boluarte y anunció una marcha hacia Lima para exigir justicia y medidas reales.
Lo ocurrido con los 13 mineros no puede quedar como una estadística más. Pataz necesita más que promesas: necesita presencia estatal efectiva, planes de pacificación territorial y, sobre todo, una lucha frontal contra las mafias que hoy gobiernan donde el Estado no entra.
