Por Stakeholders
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La publicación del reglamento de la Ley 32213, que extiende el proceso de formalización minera en Perú, ha generado una fuerte controversia por incluir una disposición que permite heredar la titularidad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
La congresista Ruth Luque denunció constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, por incluir una medida que, según afirma, desnaturaliza el marco legal vigente y vulnera principios constitucionales al tratar un permiso temporal como si fuera una propiedad privada.
El reglamento aprobado por el Ejecutivo establece que, en caso de fallecimiento del titular de un Reinfo, sus herederos pueden solicitar la transferencia de la inscripción por sucesión. Esta disposición ha sido duramente criticada por sectores del Congreso y por gobiernos regionales, que aseguran no haber sido consultados a pesar de su competencia en la fiscalización minera.
También se cuestionaron otros puntos del reglamento, como la posibilidad de cambiar de concesión una sola vez, la falta de plazos claros y la permanencia del Reinfo, inicialmente creado como mecanismo temporal.
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Ante la creciente presión política, parlamentarios de diversas bancadas, como Bloque Democrático Popular, Acción Popular y Avanza País, han presentado una moción de censura contra el ministro Jorge Montero, mientras otros congresistas han iniciado el proceso de recolección de firmas para promover su interpelación.
Por su parte, el ministro defendió la medida señalando que busca garantizar la continuidad del proceso de formalización y evitar la ilegalidad tras el fallecimiento de un titular. Sin embargo, anunció modificaciones al reglamento, incluida la derogación del artículo que permitía delegar funciones y fondos a gobiernos regionales.
El debate sobre la legalidad y los impactos de estas disposiciones ocurre en un contexto marcado por la crisis de seguridad en zonas mineras como Pataz, donde recientemente fueron asesinados 13 trabajadores.
Además, se discute una nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), cuyo debate se dará en las próximas semanas en el Congreso, en medio de críticas por supuestamente legitimar prácticas informales.
