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Megaproyecto cuprífero de 5 300 millones de dólares contribuirá con hasta 2,4 % en la inversión privada y 0,4 % en el PBI, informó el MEF. Asimismo, producirá anualmente el 15 % de la producción nacional de cobre y aumentará la productividad del sector minero en un 7,5 % y de la economía del país en un 0,9 %. También duplicará el canon minero de Moquegua y generará 9000 puestos de trabajo directos y 30 000 indirectos. Además, generará una inversión de 1 000 millones de soles en gestión del agua, cuidado del medioambiente y RSE.
Por Rudy Chávez
rchavez@stakeholders.com.pe
Una inyección económica. Esto representa para el valle del Tambo, la región Moquegua y el Perú entero la aprobación del inicio de la fase de construcción del megaproyecto cuprífero Quellaveco, la mayor inversión del Reino Unido en el extranjero y el segundo proyecto minero más grande en iniciar su construcción en el país.
Según el Ministerio de Economías y Finanzas (MEF), este megaproyecto de 5 300 millones de dólares contribuirá con hasta 2,4 % en la inversión privada y 0,4 % en el PBI durante el primer año de su fase de construcción.
Asimismo, el MEF estimó que en su etapa de operación este proyecto producirá anualmente 300 000 TM de cobre, es decir, el 15 % de su producción nacional, y aumentará la productividad del sector minero en un 7,5 % y de la economía del país en un 0,9 %.
También destacó que solo en su periodo de construcción, Quellaveco duplicará el canon minero de Moquegua y generará 9000 puestos de trabajo directos y 30 000 indirectos, los cuales dinamizarán la economía del país.
Adicionalmente, Anglo American, la principal accionista de Quellaveco, invertirá 1000 millones de soles en gestión del agua, cuidado del medioambiente y responsabilidad social empresarial (RSE), una cifra que engrosará el aporte que ha venido realizando desde el 2011 mediante el Fondo Quellaveco, un fideicomiso de 10 millones de dólares que hasta ahora ha financiado treinta proyectos para la promoción del desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la región.
En este escenario, Stakeholders conversó con Enrique Cárcamo, profesor y consultor de la ESAN Graduate School of Business, y Roger Merino, profesor investigador de la Escuela de Gestión Pública (EGP) de la Universidad del Pacífico (UP), con el propósito de analizar con mayor profundidad el impacto que tendrá este proyecto en el Perú.
Impacto económico y político
Según Enrique Cárcamo, profesor y consultor de la Escuela de Posgrado de la Universidad ESAN (UESAN), la aprobación del inicio de la fase de construcción de Quellaveco significa una gran esperanza no solo para el valle del Tambo y Moquegua, sino también para todo el Perú.
«En el próximo trienio, durante la etapa de construcción del proyecto, se edificará infraestructura económica y social, habrá mayor y mejor empleo, y aumentará la actividad comercial y el valor económico de la zona, lo cual traerá progreso para la región», afirmó.
Enrique Cárcamo dijo que luego de que Quellaveco finalice su etapa constructiva y de cumplimiento de su pacto social y medioambiental, empezará su etapa de producción de cobre y molibdeno, la cual incrementará el nivel de exportación y recaudación del país.
«Correctamente administrado y supervisado, Quellaveco generará bienestar para la población de su área de influencia mediante la construcción de infraestructura productiva y la mejora de la salud y la educación. Esto constituirá para la gente una alternativa de desarrollo sostenible para cuando se hayan agotado las reservas minerales de la zona», manifestó.
A pesar de su visión optimista, Cárcamo también cree que el inicio de operación de este gran proyecto será una oportunidad perfecta para el agitprop político y social.
«Con seguridad, se incrementará la campaña desinformativa y la agitación política y social por parte de la izquierda radical, que intentará desestabilizar al Gobierno para lograr protagonismo político por medio de la polarización entre el campesinado y la empresa. Este grupúsculo seguramente también contará con el apoyo económico de la minería informal e ilegal, debido a que esta pretende extraer la riqueza mineral concesionada sin pagar ningún impuesto ni cumplir con la normatividad en seguridad, salud, trabajo y medioambiente», aseguró.
Por su parte, Roger Merino, profesor investigador de la EGP de la UP, consideró que Quellaveco constituye un activo importante para el presidente Martín Vizcarra, así como para la economía del Perú.
«El presidente Vizcarra ha buscado canalizar este proyecto como un logro del Gobierno y como la base para el futuro desarrollo socioeconómico del país. Por otro lado, en el aspecto económico, el propio Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha estimado que este proyecto ayudará a aumentar el crecimiento económico y el PBI del país, lo cual es muy prometedor», expresó.
Aunque coincide con Cárcamo en que el proyecto será un dínamo económico, Roger Merino también cree que el alto índice de conflictividad minera que presenta el Perú conspirará contra la conservación de un clima de paz social en la zona de operación de Quellaveco.
«Desde hace mucho tiempo el Perú cuenta con un alto índice de conflictividad social relacionado con la minería. Este es un tema que hay que observarlo con cuidado, porque hay un sector de la población de la zona que no está contenta con el inicio de la fase de construcción del proyecto», advirtió.
Por esta razón, Merino indicó que en el caso de que no haya una buena gestión para la resolución de este conflicto social latente en el área del proyecto, habría el riesgo de gestar un nuevo Conga.
«Saber resolver esta situación configura un reto como país y como sociedad, cuya solución podría ayudar a exhibir un clima de paz social para atraer un mayor caudal de inversión hacia el Perú», reflexionó.
Conflictividad social
Con respecto a la oposición que ha demostrado cierto sector de la población de la provincia arequipeña de Islay contra el inicio de operación de Quellaveco, rechazo fundamentado en el problema de la gestión del agua, Enrique Cárcamo consideró que la deficiente campaña informativa, sumada a la desconfianza en el Gobierno y la institucionalidad, causan que la población esté atemorizada y proclive a protestar.
«Este escenario empodera al agitador que desinforma y dice estar del lado del pueblo, y debilita al Gobierno en su función de promover, supervisar y hacer cumplir la ley», señaló.
Igualmente, Cárcamo manifestó que la gente que protesta pareciera que no sabe que el proyecto está construyendo infraestructura productiva como lo es el sistema de riego para la agricultura de la zona, el cual está diseñado para que la población agrícola de su área de influencia cuente con este recurso no estacionalmente, sino durante todo el año.
«Esto representa un requisito previo para el inicio de la etapa de producción, la cual recién empezaría el 2022; sin embargo, en caso de que se incumpla este acuerdo el permiso otorgado podrá ser suspendido o cancelado», advirtió.
Además, destacó que actualmente la gran minería formal funciona con un alto estándar de calidad y seguridad, y cuenta con una política corporativa respetuosa del medioambiente y promotora del desarrollo socioeconómico como la que tiene la minería de talla mundial que se practica en Canadá y Australia.
«Por este motivo, el Gobierno debe hacer público y reiterar constantemente que el cuidado del agua y del medioambiente, y la promoción de la salud son un requisito sine qua non para la operación de Quellaveco», subrayó.
A su turno, Roger Merino expresó que la reciente época electoral representó un escenario perfecto para la capitalización del descontento social hacia el proyecto.
«Esto no quiere decir que este escenario haya sido algo negativo per se, porque al fin y al cabo se requiere de gente que capitalice el descontento y lo articule, lo cual evidentemente es relevante para entender este caso en el contexto político regional y local», precisó.
Merino también afirmó que la exclusión del sector opositor de la mesa de diálogo dinamitó la consolidación de una base social integral a favor de Quellaveco.
«Por ello, el proyecto aún sigue desatando polémica para este sector, lo cual suscita que el conflicto existente en torno a él continúe latente hasta el día de hoy», declaró.
Asimismo, comentó que esta omisión, sumada a la problemática del agua y al reciente contexto electoral, sigue alimentando el cuestionamiento y el temor que hay con respecto a la afectación de la agricultura, la principal actividad económica de la comunidad de la zona.
«Por todo lo anterior es que se mantiene la desconfianza en este escenario de exclusión, lo cual dificulta la resolución del conflicto», sostuvo.
Gestión de la conflictividad, la sostenibilidad y la responsabilidad social
En este panorama, Enrique Cárcamo cree que el rol del Estado será importante para el desarrollo del proyecto y del país, labor que abarca desde el establecimiento de una normatividad apropiada en seguridad, salud, trabajo y medioambiente hasta el cumplimiento de cada compromiso contraído y sanción impuesta, pasando por la supervisión del cumplimiento de la legislación.
«El Gobierno debe rechazar enérgicamente a la minería ilegal e informal, que atropellan la dignidad de la persona y contaminan el agua, el aire y el suelo, causando un daño irreparable tanto a la gente como a la naturaleza. Este rechazo también implica oponerse a la dirigencia política y social y al frente mediático que se oponen violentamente a la formalización de la pequeña minería», afirmó.
De igual forma, Cárcamo consideró que esta labor del Estado debe ir acompañada de una agresiva campaña informativa por parte de Anglo American (60 %) y Mitsubishi (40 %), con el fin de reducir la incertidumbre política y social no solo en la región, sino también en todo el Perú.
«Esto es vital no solo para obtener y preservar la licencia social de la población de la zona del proyecto, sino también para ayudar a desterrar a la minería informal e ilegal», indicó.
Por último, señaló que para hacer que Quellaveco sea un proyecto minero socialmente responsable y sostenible, se deben utilizar el impuesto y canon que genera la actividad minera para construir infraestructura productiva que haga más competitiva a cualquier otra actividad económica de la zona que sea ajena a la minería.
«Es por ello que la población no debe quedarse quieta e indiferente, sino que debe intervenir informándose, observando, supervisando y capacitándose para poder beneficiarse del proyecto, evitando ser manipulada con un fin político o económico vinculado a la ilegalidad», concluyó.
Por su lado, Roger Merino opinó que el Estado debe dejar de ser reactivo ante la conflictividad social y más bien debe pasar a implementar el adelanto social, el cual consiste en establecer unas condiciones de vida mínimas en la zona de influencia de un proyecto antes de que este inicie su operación.
«Si el Gobierno edifica infraestructura social y económica en la zona y ve como un socio de la inversión a la comunidad, esta se sentirá respaldada y apoyará la operación y funcionamiento del proyecto, lo cual todavía no ha sucedido hasta ahora», precisó.
Merino también subrayó que la alianza entre el Gobierno, Anglo American y Mitsubishi es fundamental para obtener y conservar la licencia social para Quellaveco, la cual debe estar asentada sobre un plan de desarrollo que considere la inclusión de la población opositora en la ejecución del proyecto.
«En vez de demonizar y criminalizar a la oposición, esta alianza debe establecer un diálogo claro y abierto con ella, con el objetivo de elaborar un documento análogo a un Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) que esté enfatizado en la gestión del agua y la promoción del empleo», sostuvo.
Por último, confesó que pese a que la realidad social es compleja, tiende a ser optimista por la mirada regional que tiene el Gobierno del presidente Vizcarra.
«Él es alguien que surgió políticamente de un conflicto minero, así que conoce cómo se gestiona una situación como la que está atravesando Quellaveco; sin embargo, también soy consciente de que existe una necesidad de reforzar el aspecto regulatorio y la confianza de la ciudadanía. Hay que ver cómo compatibilizan la minería con la forma de desarrollo de la población agrícola de la zona», finalizó.
