Por Stakeholders
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El congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular) se reunió con una representante de la empresa Llorente y Cuenca (LLyC), que hacía lobby en el Congreso a favor de Repsol, reveló este miércoles un informe de La República.
Tras la reunión, el parlamentario se opuso a la aprobación del informe de investigación del Congreso que responsabilizaba a la compañía por el derrame de petróleo ocurrido a inicios de año en las costas de Ventanilla.
Una ayuda memoria divulgada por la consultora entre los congresistas lleva la firma de Paola Fune Zambrano, exdirectora senior de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca. Ella se reunió con el congresista fujimorista, confirmó Alegría, quien negó haber conversado sobre el caso de Repsol.
Otro de los legisladores visitados por Llorente y Cuenca —contratada para que manejara la crisis que estalló luego del derrame— fue, según el informe periodístico, el parlamentario Nano Guerra García, también fujimorista.
Aunque aseguró que no le hablaron del tema de Repsol, Guerra votó para que no se debata el informe de investigación y regrese a la comisión que presidió la legisladora Margot Palacios, de Perú Libre.
En septiembre de este año, Palacios ya había acusado a un sector de congresistas de Fuerza Popular por favorecer a Repsol y dijo que no apoyaron el informe porque, bajo su mirada, este documento “tiene sesgos políticos”. Según Palacios, este discurso era el mismo que repite la empresa transnacional.
La congresista también señaló que la empresa Repsol envió a los legisladores “una especie de tríptico“, en donde se les daba pautas a los parlamentarios sobre qué preguntar durante la sustentación del informe, el cual apuntaba a las acciones y responsabilidades de los funcionarios y directivos privados de Repsol en el derrame de petróleo.
Consultada por La República, Repsol dijo que no daría declaraciones sobre el caso; en tanto, Llorente y Cuenca manifestó que ofrecería su versión cuando lo creyera conveniente. Paola Fune fue ascendida.
Reacciones
La congresista María Agüero (Perú Libre) indicó que los congresistas acusados en el informe deben ser investigados por el Ministerio Público por presunto “tráfico de influencias” y señaló que el “ecocidio” de Repsol “no debe quedar impune”.
Indicó que las instituciones como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) e Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) deben sancionar a la compañía.
“Exijo seguir con las drásticas sanciones a Repsol. El Ministerio Público debe investigar por tráfico de influencias a los congresistas que tratan de exonerarla de responsabilidad”, tuiteó.
José De Echave, exviceministro de Ambiente, también abordó el lobby en el Congreso. “Es indignante: Repsol hizo lobby en el Congreso para evitar que se apruebe el informe que la responsabilizaba. Los congresistas contactados por la consultora de Repsol terminaron utilizando los mismos argumentos de la empresa”, apuntó.
Multada
Esta semana, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, impuso dos multas en primera instancia por S/42,964,377 a Refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol por desinformar y no realizar las acciones de contención y limpieza por el derrame.
La primera multa de 3 000.00 UIT, equivalente a S/13,800,000.00, se impuso por incluir información falsa en el reporte de emergencia respecto al cálculo de volumen de petróleo crudo derramado, el área impactada y el periodo del derrame ocurrido el 15 de enero de 2022 en el Terminal Multiboyas Nº 2.
La segunda multa de 6 340.082 UIT, equivalente a S/29,164,377.2, se impuso por no realizar la contención y recuperación del hidrocarburo, ni las acciones de limpieza del área de suelo afectado.
