Por Stakeholders
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La fiscalía penal de Nasca ha iniciado una investigación preliminar de alto calibre que podría revelar uno de los atentados más graves contra el patrimonio cultural del Perú en los últimos años. El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, liderado por el fiscal provincial José Alejandro Meléndez Curasi, abrió un proceso de 60 días contra tres altos funcionarios por su presunta responsabilidad en la reducción ilegal del área protegida de las Líneas y geoglifos de Nasca y Palpa, Patrimonio Mundial reconocido por la Unesco.
Los investigados son Jeanette Águeda Gutiérrez Achulla, arqueóloga y responsable interina de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica; Johny Augusto Isla Cuadrado, arqueólogo responsable del Sistema de Gestión Nasca-Palpa; y William Jorge Bravo Quispe, actual alcalde de la provincia de Nasca. Todos son sindicados como presuntos autores de los delitos de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad, en agravio del Estado Peruano.
Un recorte sin precedentes en territorio protegido
El origen de la denuncia se remonta a una resolución viceministerial —la N° 000128-2025-VMPCIC/MC— firmada a fines de mayo por la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva, que modificó los límites del área arqueológica protegida. El cambio ha generado una profunda controversia: la extensión reconocida en 2004 era de 5,633.47 km², pero el nuevo documento reduce el territorio a 3,235 km², es decir, una pérdida de 2,397 km² de zona de protección.
De acuerdo con la denuncia, esta modificación no solo se realizó sin cumplir los procedimientos legales establecidos, sino que además habría sido diseñada para favorecer intereses económicos vinculados a la minería y el tráfico de terrenos.
¿Una maniobra para abrir paso a la minería?
El Ministerio Público investiga si la nueva delimitación fue una maniobra deliberada para permitir la explotación minera en áreas que antes estaban bajo resguardo patrimonial. Se han detectado petitorios mineros registrados en las zonas excluidas de la protección, lo que ha reforzado las sospechas sobre posibles vínculos entre los investigados y sectores interesados en el aprovechamiento de los recursos naturales.
Según fuentes de la fiscalía, también se indagan posibles lazos familiares y políticos entre funcionarios involucrados y beneficiarios directos del recorte, así como la existencia de una presunta red político-económica que habría actuado en conjunto para alterar los límites de la zona protegida con fines de lucro.
Además del daño potencial al patrimonio arqueológico, se denunció que más de 100 sitios arqueológicos quedaron fuera de la nueva delimitación, lo que pone en grave riesgo su integridad frente a actividades ilegales o depredadoras.
Una denuncia con alcance nacional
La investigación actual se centra en tres funcionarios, pero forma parte de una denuncia más amplia presentada por el ciudadano Leonardo Favio Rojas Escajadillo, quien interpuso una acusación ante la Fiscalía Especializada de Restos Arqueológicos y Monumentos de Nasca y Palpa. El documento incluye a varias figuras de alto nivel, como el ministro de Cultura Fabricio Valencia, la viceministra Novoa Silva, el gobernador regional Jorge Hurtado Herrera, el director de la DDC Ica Injante Tipismana, el ministro de Energía y Minas Jorge Luis Montero Cornejo, entre otros.
Si bien estos funcionarios aún no han sido formalmente incluidos en la investigación preliminar, la Fiscalía no descarta ampliar la indagación en función de los resultados que se obtengan en los próximos días.
