Por Luis Paucar
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Empecemos por el caso Repsol. (*) Cuatro meses después se ha evidenciado la responsabilidad de la petrolera, pero los daños ambientales aún no se remedian. Solo cinco playas de más de veinte están limpias, según una reciente estadística. ¿A qué se debe esa falta de celeridad?
El problema principal que se ha evidenciado durante el proceso ha sido la falta de coordinación entre el sector público y el privado. Normalmente esto debería tratarse como un problema complejo. Cuando sucede [un desastre como este], se realiza una suerte de comité de crisis entre los diferentes actores: los públicos, los privados, los de diferentes niveles, la empresa responsable y otros [actores] que pudieran aportar. Entonces, se organiza un plan de acción de manera conjunta. Es justamente lo que no hemos visto a lo largo de este proceso. También es difícil la rendición de cuentas porque no tenemos claridad sobre las cosas que están pasando.
En todo caso, ¿qué papel debió asumir el Gobierno ante este desastre ambiental?
El rol fundamental del Gobierno es liderar el proceso de la coordinación de las acciones. Los recursos nunca son suficientes en el Estado. No quiero decir que sean suficientes en el sector privado, pero, digamos, habiendo una responsabilidad -y además, la empresa pasó de un primer momento de negación a aceptar la responsabilidad-, creo que hay que usar los esfuerzos, los tiempos y los recursos de la manera más eficiente posible. Eso solo se puede hacer cuando se abre un espacio de diálogo, de coordinación y de articulación. Creo que ese rol, que para mí es el más importante, no lo ha cumplido el Estado.
¿Cómo evalúa la acción del Gobierno?
Hay cosas que se pudieron hacer mejor. Hemos tenido impactos de múltiples tipos. Los que más hemos visto son en las playas negras, la fauna afectada, pero hay una serie de impactos económicos en los pescadores locales, en la población local, en todos esos comerciantes que habían invertido para adquirir productos que después venderían en la temporada de playa. Hay impactos que no se les ha dado seguimiento porque hay muy poca información pública. Si como ciudadana quiero saber, no hay [un espacio] donde obtener información transparente y clara. El tema de comunicación es algo que se ha manejado mal. Entiendo el esfuerzo de las reparaciones para algunos actores, pero no sabemos en qué han consistido. Básicamente hay un tema de rendición de cuentas que los ciudadanos tenemos derecho a recibir.
«Eso solo se puede hacer cuando se abre un espacio de diálogo, de coordinación y de articulación. Creo que ese rol, que para mí es el más importante, no lo ha cumplido el Estado [en el derrame de Repsol]».
Justamente en múltiples foros en los que se ha analizado el caso, los especialistas coinciden en que la falta de información y transparencia agravaron la emergencia. ¿Qué otra mala práctica condicionó la magnitud del derrame?
No estamos preparados para situaciones de crisis. Por ejemplo, no sabíamos qué cantidad de gente tenemos trabajando en estas zonas porque no había un padrón, se ha construido en función a las indemnizaciones y bonos a los afectados. Esa información no era pública, aparentemente no existía. Esto nos debe hacer reflexionar porque Lima es una zona con construcciones informales en zonas de alto riesgo. Si tuviéramos un sismo de gran magnitud o un tsunami, ¿cómo actuaríamos? La experiencia del derrame nos debe hacer reflexionar sobre cuán preparados estamos para enfrentar situaciones de grandes riesgos.
¿Qué observación tiene sobre los acuerdos tomados por Repsol para reparar en la medida de lo posible a los pescadores afectados por el derrame?
Entiendo que en algunos casos han tratado de generar empleo rápido contratando a los propios pescadores para actividades de limpieza, pero creo que la discusión más importante podría estar vinculada a no regresar en las condiciones anteriores, sino qué oportunidades de mejora hay en la vida de las personas. Si yo te generé un perjuicio, te doy un monto para indemnizarte, pero el monto se va a acabar. El tema va en cómo convierto esta desgracia en una oportunidad, qué podríamos hacer juntos para generar un futuro diferente.
Si este derrame hubiera ocurrido en Europa u otra parte del mundo, ¿Repsol hubiera salido bien librado como ha salido en Perú?
Parte del problema es que no tenemos suficiente información ni transparencia para saber qué tan bien librado está. Según la información pública, se han iniciado procesos sancionadores. Algunos, en teoría, terminaron en primera instancia, pero no sabemos qué más está pasando. Tengo la percepción que, efectivamente, la empresa ha llevado poco…
Pero Repsol ha judicializado parte de esos procesos.
Exacto, y la verdad no sabemos a detalle cuánto tiempo, por ejemplo, demorará en definirse el total de las sanciones o el valor que debe reponer o los planes de remediación. No hay claridad.
¿Qué secuelas pueden experimentar en el futuro las comunidades y ecosistemas de la zona afectada?
Recuperar el paisaje y la biodiversidad de estos espacios tomará bastante tiempo. Podemos mirar encima de la playa, pero no el fondo del mar. En algún momento se decía que el petróleo se queda encima, que no va al fondo, pero eso no es tan cierto. No soy especialista, pero he pedido información, y sí hay una afectación en el fondo del mar y la biodiversidad. Para mí es una desgracia que sigue siendo una desgracia. Quisiera decir que es una desgracia que se convirtió en una oportunidad.
¿Todo este panorama crea una sensación de impunidad de Repsol?
Creo que sí, no contribuye a esta idea que creo que la empresa debería buscar en la ciudadanía: tuve un problema, no estuve preparado, pero lo afronto porque es mi responsabilidad. [Repsol debería] explicar por qué están judicializando tal o cual cosa, pero no siento que haya sido la actitud. Me parece que esa es una de las debilidades del proceso.
¿Cuál es su mirada sobre los contratistas de Repsol que no tenían experiencia y habían sido sancionados, y que hicieron parte de la limpieza del derrame?
Creemos que hay cosas que nunca nos van a pasar y no nos preparamos seriamente para eso. Eso pasa en este tipo de situaciones. No hay gente preparada porque no se pensó que iba a pasar. En el caso de los contratistas, podrías tener experiencia en otros rubros, pero, claro, es difícil encontrar a alguien que tenga experiencia en derrame de petróleo de este tipo porque no es una cosa que nos pase a cada rato en la costa. De hecho, pasa con frecuencia en la Amazonía y ahí tampoco estamos preparados, y no hemos aprendido la lección de lo que nos pasa en la Amazonía.
«De hecho [los derrames] pasa[n] con frecuencia en la Amazonía y ahí tampoco estamos preparados, y no hemos aprendido la lección de lo que nos pasa en la Amazonía».
Y sobre la propuesta de ley del Congreso que debilitaría la ley forestal y de vida silvestre, ¿cuál es su mirada?
Es una preocupación muy grande. El proyecto dice que está tratando de favorecer el tema de la zonificación forestal y el ordenamiento, pero lo que hace es crear un precedente muy malo porque hace muchos años que luchamos contra el otorgamiento de certificados de posesión que se aplican con criterios que no son los adecuados; ahora se pretende dar títulos con esos certificados que no son justamente los instrumentos adecuados. Entonces, creo que esta norma no ayuda a lo que se supone que busca [la formalización del sector, ayudar a los pequeños]. En realidad, es un retroceso y presentar un proyecto de ley de esta naturaleza y con un tema tan sensible e importante podría vulnerar derechos de pueblos indígenas. El Congreso ha sido muy ligero en su aprobación.
Hace unas semanas también ocurrió un derrame que ha sido comparado con el de Repsol. Fue el río Chillón, donde se vertieron 34 toneladas de zinc propiedad de la minera Volcán. Bajo su mirada, ¿cuál es la gravedad y el impacto ambiental de este último suceso?
Creo que son dos casos diferentes y con distintas complejidades. El de Repsol tiene un impacto muchísimo mayor. No quiero minimizar el problema [del derrame de zinc], pero un río es el lugar mucho más acotado y el marco de acción está mucho más centrado en un espacio geográfico que se puede controlar. En el caso de Ventanilla, el mar es difícil de manejar. En todo caso, la respuesta del ministro en su momento no fue la más feliz. Lo que trató de decir es “no se alarmen, sí es un problema, pero no está en riesgo la vida de las personas”. Sin embargo, la forma en la que lo manifestó dio a entender que estaba minimizando el problema, y no es correcto porque esto siempre genera impacto muy negativo.
Según reportes, son más de 1000 toneladas de truchas que han perecido y hay contaminación del agua que sirve como como agua potable para los centros poblados. ¿Se puede hablar de contaminación total de un valle?
Sí, es posible que se afecte la cuenca y todo el ecosistema. Por eso la reacción debe ser muy rápida. No hay mucho tiempo para discutir, sino que se debe reaccionar inmediatamente. Y por esa razón es que en nuestro ordenamiento está el principio de que el contamina es el que paga. Puedes discutir después de quién fue la culpa, pero quien contamina debe responder inmediatamente. La reacción de las empresas es muy importante, pero si es tu mineral, tu camión o un contratista que está trabajando para ti, tienes que responder. Ante temas ambientales, las respuestas deben ser de un asunto muy grave y urgente. Eso puede contribuir mucho a reducir el impacto.
Pasemos a la agenda climática. Usted ha dicho que requiere liderazgo y expertise técnico. ¿Cómo va esa agenda a la fecha? ¿Qué se ha hecho y qué falta?
Perú no está a la velocidad en que necesitamos caminar. El sentido de urgencia y la ambición climática es como si se hubiera estancado. Creo que el país venía de un proceso de varios años, después de la COP de París y COP de Lima que contribuyó al Acuerdo de París, y los actores en el Estado y la sociedad civil para acelerar la reducción de emisiones. Pero este último año no he escuchado absolutamente nada al respecto. En el Gobierno de transición de [Francisco] Sagasti se implementó lo creado en el Gobierno anterior con el presidente [Martín] Vizcarra. Se aprobó la ley marco del cambio climático en el reglamento, se implementó la comisión de alto nivel; sin embargo, no veo que esta comisión tenga reuniones o tenga una posición de avanzada en estos temas. Hay quienes dirán que los temas ambientales deben dejar el paso a los de la salud pública o recuperación económica; sinceramente eso es un error muy grave porque los temas ambientales no pueden ir desfasados. De hecho, lo que se prevé es que si no logramos reducir la temperatura del planeta habrá consecuencias mucho más graves que las de la Covid-19. La recesión será mucho más fuerte. Si no entendemos eso, estamos desaprovechando una oportunidad importante. Sabemos que hay una crisis alimentaria que se viene, algunos actores ya lo están viviendo.
¿Qué dice del Gobierno una negativa a ratificar el Acuerdo de Escazú?
Seguimos sin entender realmente este acuerdo. Tuve la responsabilidad de representar al país hablando del acuerdo en su momento, y me criticaron llamando traidora a la patria, lo cual es absolutamente falso. Este acuerdo no entrega ni un milímetro de soberanía del Perú, pero lo que hace es reconocer a actores muy vulnerables, que están en el campo haciendo frente a las economías ilegales.
Además de proteger a los defensores y defensoras ambientales, ¿por qué es importante este acuerdo?
Hay que poner en contexto el trabajo que hacen estos actores, pero también la importancia de los bosques y ecosistemas en nuestro país. Este acuerdo viene desde la naturaleza ambiental, pero también de los derechos. Hay países hermanos que han ratificado [el acuerdo de] Escazú y no han tenido duda sobre el tema de soberanía. No creo que Chile esté dispuesto a reducir su soberanía, por ejemplo. Creo que hay intereses que están jugando en contra.
«Ante temas ambientales, las respuestas deben ser de un asunto muy grave y urgente. Eso puede contribuir mucho a reducir el impacto».
Que Perú ratifique ese acuerdo está en manos del Congreso. Esta semana varias organizaciones ambientalistas han demandado tomar acción. Si le tocara dirigirse, ¿qué le diría al Congreso?
Que sería una buena oportunidad para hacer lo correcto. Más allá de las diferencias políticas que pueden tener los partidos, creo que es importante pensar en el país, y sobre todo en los ciudadanos y ciudadanas. Ratificar Escazú es hacer lo correcto.
Hablemos de otro tema complejo. El narcotráfico y su impacto en todos los ámbitos, sobre todo en el tema ambiental. ¿Cómo considera que se están abordando las políticas antidrogas?
Hay un relajamiento del esfuerzo que el Estado hacía y que lideraba para aglutinar los esfuerzos de otros actores frente al narcotráfico. Soy muy respetuosa de los productores de hoja de coca tradicional en el país, creo en la diversidad cultural, reconozco que es necesario aplicar un enfoque intercultural desde las políticas públicas, pero eso no implica defender narcotraficantes. Hay zonas del país que no tienen absolutamente nada que ver con las políticas tradicionales del consumo de hoja de coca, sino que son áreas dedicadas al narcotráfico y el Estado no puede renunciar a su responsabilidad de aplicar el principio de autoridad y de luchar contra estas economías ilegales que tienen un impacto ambiental grande. Todas estas pozas de maceración utilizan una serie de elementos que contaminan el agua con elementos nocivos, y hay poblaciones que la consumen.
Un kilogramo de cocaína produce 30 veces más impacto –en huella de carbono– que un kilogramo de cacao. ¿Cómo el narcotráfico impulsa la deforestación?
Las economías ilegales se protegen entre sí. Generalmente entra de avanzada el maderero ilegal que busca especies de alto valor, abre un camino y ese camino conlleva a las invasiones de terrenos, pero también, en algunos casos, con no se invaden con gran cantidad de personas, los narcos entran a una zona, empiezan a sembrar hoja de coca, se protegen con otros porque los ilegales no quieren que entre el Estado, no quieren que haya presencia de la población, no quiere que haya instituciones. Entonces, se convierten en zonas donde puedes ver convivencia de varias actividades ilícitas y vinculadas a trata de personas y otros delitos conexos. El Estado no puede renunciar a su capacidad de poner orden en el territorio. No deberíamos resignarnos a tener zonas liberadas.
¿Se podría decir que cada vez más se pierde la lucha contra las drogas?
Creo que se está permitiendo que estas economías ilegales tengan la falsa percepción de que nos están ganando. La sociedad no es la que se ha rendido, por eso es tan importante ratificar Escazú para tratar de que el Estado genere protección para esos actores y pueblos indígenas que le hacen frente, solitos, a esas economías ilegales. El Estado debería acompañar ese proceso. No deberíamos permitir que los defensores ambientales se sientan solos.
¿Los cultivos de coca de uso tradicional representan un peligro para el medio ambiente o es el narcotráfico el que les otorga esa amenaza?
Si tengo un terreno con bosque en pie y lo convierto en cualquier otra cosa (cultivo de coca, cacao, minería ilegal o legal, una plantación forestal incluso), ese cambio del bosque primario es un pésimo negocio para todos no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde lo económico, pues lo que estoy afectando cuando tumbo el bosque es, por ejemplo, la capacidad de tener agua, la biodiversidad, el clima. Para cambiar (cultivos alternativos), es necesaria la evaluación de los impactos ambientales, eso es lo que no hacen las actividades ilegales; simplemente entran y tumban el bosque. Tan complicado es el tema que a veces el Estado se tarda mucho en llegar porque son zonas muy alejadas, no hay conectividad y otros factores.
Las FF.AA. han declarado que ven «posible» tener pacificado el «valle de la coca» en 2026. ¿Cuál es su mirada?
Ojalá. Si la estrategia de pacificación incluye que las personas salgan de la pobreza, creo que será sostenible. Si no incluye una salida sostenida de la pobreza, creo que será algo temporal y la gente regresará porque no tiene otras opciones.
«Me gustaría saber cuál es la estrategia de este Gobierno para tener un país sostenible. No la he escuchado en ninguna de las presentaciones de los ministros»
¿Considera pertinentes los programas de reconversión de cultivos de hoja de coca como el cacao o café? ¿Son la salida para el narcotráfico?
Hay que tener una combinación, una diversificación, una gestión integral del territorio. Si un productor cambia la coca por un café en sistema agroforestal, se orienta a cafés especiales, tiene el manejo de acuicultura y además cuenta con algunos frutales, tiene un combo de actividades (que harán sostenibles los programas de reconversión de cultivos). Si además los ayudamos para que pasen a riego tecnificado, usen energía solar y se asocien, creo que sería una extraordinaria actividad para salir de la coca y de la pobreza. Pero eso debe estar articulado, no es solo la responsabilidad del sector Agricultura, de Defensa, de (la cartera de) producción o de Devida (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas), sino que todos los actores deben poner su grano de arena y alguien debe liderar ese esfuerzo.
Es pertinente la estrategia del Gobierno para tener un país sostenible?
Me gustaría saber cuál es la estrategia de este Gobierno para tener un país sostenible. No la he escuchado en ninguna de las presentaciones de los ministros.
¿A qué se puede deber esa ausencia?
En este momento, el tema ambiental no está presente en las decisiones de políticas públicas del Estado peruano, creo que ahí hemos retrocedido bastante. Lamentablemente lo hemos visto en la misma prioridad que le da el Gobierno a participar, por ejemplo, en la COP del cambio climático. Todos los Gobiernos han estado participando porque se le dio mucha importancia al tema de bosques y reducción de deforestación. Justo es un tema que el Perú debería priorizar, pero no estuvo presente en la discusión ministerial. Aunque se firmó el acuerdo, no se tuvo presencia en esa discusión. A veces el presidente pone algunas cosas en sus discursos o participa en reuniones, pero cuando uno mira el discurso y la práctica no hay una conexión.
¿Qué se podría hacer para impulsar el tema ambiental, entonces?
Es un momento crítico para un país como el Perú, muy vulnerable al cambio climático, muy afectado por la Covid-19, con retos en la agricultura familiar (2.2 millones de personas están asociadas a esta práctica y pueden retroceder en la pobreza). Hay que entender que lo ambiental no es un extra, sino que es esencial y clave si queremos salir de la pobreza y si deseamos una recuperación económica. Para eso hace falta decisión política.
(*) La entrevista fue realizada el 12 de julio de 2022
