Por Stakeholders
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La falta de transparencia ha generado el retraso en la toma de acciones frente a la emergencia ambiental producida en enero pasado tras el derrame de crudo en una propiedad de Repsol, coincidieron especialistas y líderes sociales en un encuentro virtual.
Organizado por la ONG Dar, el evento destacó la urgencia de ordenar la normatividad y fortalecer la autoridad ambiental como autoridad transectorial, así como la conformación de un fondo para la remediación ambiental en emergencias como los derrames petroleros para contribuir a la rápida respuesta.
“Al menos dos procedimientos sancionadores frente al derrame en La Pampilla se relacionan a la remisión de información falsa”, dijo Christian Castillo, de la ONG Dar, quien lamentó que Perú se rehúse a ratificar el Acuerdo de Escazú, histórico pacto ambiental de América Latina y el Caribe.
En la víspera, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó una demanda judicial contra Repsol por 4.500 millones de dólares por los daños generados tras el vertido, que afectó el ingreso de miles de pescadores y les impide realizar sus faenas cotidianas por la contaminación en la zona.
Muchos de ellos tuvieron que recurrir a la solidaridad y organizar ollas comunes para subsistir. “La afectación para los pescadores no puede verse sólo como algo de ahora, de acuerdo a un pronunciamiento de la ONU la afectación podría extenderse por 10 años. Necesitamos urgentemente un informe final e imparcial de los impactos en la flora y fauna para saber cuándo podremos retomar nuestro trabajo”, demandó Juan Cabezas, de la Confederación de pescadores artesanales de la Rivera de Chancay.
A su turno, Zahida Salazar, presidenta de la Asociación de Mujeres Armadoras y Emprendedoras del Puerto de Chancay, exigió una indemnización para las pescadoras. “Como mujeres tenemos derecho a trabajar, y no lo estamos haciendo. Debe reconocerse el rol que realiza la mujer en la actividad pesquera, por ello exigimos una indemnización independiente”, dijo.
El derrame es atribuido por la petrolera española al oleaje anómalo causado por la explosión volcánica submarina ocurrida en Tonga, en el océano Pacífico. La mancha de crudo se esparció por aguas y costas hasta 140 kilómetros al norte de la Refinería, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado encontró 539 aves y dos lobos marinos fallecidos hasta el 11 de abril. Entre los animales afectados figura el pingüino de Humboldt, una especie en peligro de extinción. Posteriormente, se identificaron 11.061 hectáreas de área afectada marino costera y del litoral, incluidas 46 playas y 2 áreas naturales protegidas, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa).
“Todo este panorama nos indica que es urgente ordenar la normatividad y fortalecer la autoridad ambiental como autoridad transectorial ¿Quién verá por la recuperación de los afectados? ¿A quién corresponde la competencia? Se requiere de un Estado garante de derechos”, apuntó Ana Leyva, de la organización CooperAcción.
Una fuente del Ministerio Público confirmó a la agencia AFP que la entidad pedirá la extradición del capitán del buque cisterna Mare Doricum, la nave de bandera italiana involucrada en el derrame.
La extradición se solicitará luego que se verificó que Giacomo Pisani abandonó Perú el 9 de marzo pasado pese a existir sobre él una medida judicial que le impedía salir del país, dijo una fuente del Ministerio que requirió la reserva. El pedido formal lo presentará la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la fiscalía peruana.
Repsol ha señalado que las tareas de limpieza movilizó a más de 2.900 trabajadores, desplegó hasta 11.000 metros de barreras de contención y dispuso de 144 unidades de maquinaria pesada, cerca de 90 embarcaciones y 68 skimmers (equipos de limpieza marina).
Asimismo, recordó que puso a disposición de la población afectada por el derrame un mecanismo de ayuda económica de emergencia que alcanzó a más de 4.600 personas, además del acuerdo firmado con el Gobierno peruano para entregar un anticipo de la indemnización final al padrón de los afectados.
