Por Stakeholders
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El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno Regional de San Martín contra la Ley N.° 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esta acción responde a preocupaciones profundas sobre el impacto negativo que esta normativa podría tener en la preservación de los bosques y en el respeto a los derechos de las poblaciones indígenas.
Según expertos en el tema, la Ley N.° 31973 podría convertirse en un incentivo para la deforestación, poniendo en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Además, vulneraría los derechos de los pueblos indígenas al no haber realizado la consulta previa requerida por la Constitución y tratados internacionales.
La resolución del Tribunal Constitucional establece un plazo de 30 días para que el Congreso de la República responda a la demanda presentada. Este paso marca el inicio de un proceso destinado a evaluar la compatibilidad de la ley impugnada con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el país en materia ambiental y de derechos indígenas.
En la demanda presentada por el Gobierno Regional de San Martín, se argumenta que la aprobación de la Ley N.° 31973 contraviene disposiciones constitucionales y tratados internacionales, al tiempo que omite la consulta previa a los pueblos indígenas, vulnerando sus derechos. Además, se sostiene que la normativa amenaza el derecho de propiedad de las comunidades nativas y podría generar impunidad en los procesos penales relacionados con la deforestación.
