Por Stakeholders
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Han pasado tres años desde que un derrame de más de 12 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla desatara la peor tragedia ambiental en la historia del país. Más de 20 playas quedaron contaminadas, afectando gravemente a la biodiversidad marina y a las comunidades costeras que dependen de la pesca y el turismo.
Según un estudio realizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), las consecuencias del derrame, a cargo de Repsol, fueron devastadoras para la fauna silvestre. Más de 1,855 animales, entre aves marinas como gaviotas y zarcillos, perdieron la vida. La tragedia afectó, además, a especies en peligro como el pingüino de Humboldt, la nutria marina y la chuita. Pese a los esfuerzos de diversas organizaciones, todavía hay 198 animales afectados que no han recibido la atención adecuada debido a la ausencia de un centro estatal de rescate especializado para emergencias ambientales.
Mientras tanto, las sanciones contra la empresa de hidrocarburo ascienden a 185 millones de soles en multas administrativas. En tanto, los planes de rehabilitación siguen sin ser aprobados, lo que ha expuesto las deficiencias del sistema legal peruano para gestionar emergencias ambientales de manera efectiva.
Propuestas de cambio hacia una nueva responsabilidad ambiental
Ante este escenario desolador, la SPDA ha impulsado dos propuestas legislativas clave. Estas iniciativas buscan crear un régimen legal robusto que permita respuestas rápidas y efectivas frente a desastres ambientales, así como una nueva estructura de responsabilidad ambiental que priorice la remediación inmediata.
Una de las propuestas más destacadas es el proyecto de ley 6803-2023/CR, el cual establece un régimen de responsabilidad ambiental enfocado en la pronta reparación de daños. De aprobarse, Perú contaría por primera vez con una legislación que exige la remediación del daño ambiental como prioridad absoluta. La normativa también contempla la creación de dos instrumentos financieros: seguros ambientales obligatorios y un fondo de reparación de daños ambientales. Estas herramientas garantizarían los recursos necesarios para actuar de manera inmediata y eficiente.
El derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero del 2022 evidenció no solo las fallas estructurales en la prevención de desastres, sino también la falta de mecanismos adecuados para remediar sus consecuencias. Para la SPDA, esta crisis representa una oportunidad histórica para reformar las políticas ambientales del país y asegurar que los intereses de las comunidades afectadas y los ecosistemas vulnerables se protejan con leyes más justas y efectivas.
